La compañía Iberia canceló ayer 18 vuelos a pesar de que sobre las cinco de la madrugada del viernes fue finalmente subsanada la avería registrada tras el incendio en La Muñoza (Madrid) que inhabilitó sus sistemas informáticos. El PSOE cree que los incidentes en el servicio de la compañía aérea que tanto están afectando a los usuarios radican en la «oscura» privatización de la empresa realizada por el Partido Popular.
Los servicios de reservas, facturación y embarque de los vuelos de Iberia dejaron de hacerse manualmente a partir de las 5:55 horas, cuando la aerolínea logró restablecer el sistema informático casi 21 horas después del incendio en uno de los cuadros de distribución de energía de sus ordenadores centrales en La Muñoza, cerca del aeropuerto de Barajas.
Una vez restablecido su sistema informático y tras haber cancelado 56 vuelos, el 4'5 por ciento del total de los programados, Iberia anuló ayer otros 18 vuelos. En la mayor parte de los casos se trata, según la aerolínea, «de vuelos cuyo trayecto de ida fue cancelado el jueves y no se pudieron operar ayer desde su destino o bien que se cancelaron para no sobrepasar las horas de actividad de las tripulaciones».
Según la aerolínea no se están registrando retrasos significativos, y salvo en casos puntuales, los pasajeros estaban embarcando con normalidad. La facturación se efectúa ya por ordenador y el 80% de los vuelos operan con puntualidad. Iberia asegura que periódicamente se están produciendo cortes en el sistema informático para actualizar los datos que no pudieron gestionarse el jueves. Estos cortes son, según Iberia, puntuales y no duran más que unos minutos. En esos momentos la facturación y el embarque se hacen a mano.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, explicó que desde la privatización de la compañía se vienen produciendo graves deficiencias en el servicio, retrasos sistemáticos, incidentes y pérdida constante de maletas. En su opinión, los gestores de Iberia, han optado por rebajar las inversiones en mantenimiento, reducir personal y rutas. En este contexto, recordó que el Gobierno tiene la obligación de desarrollar inspecciones de seguridad y también el servicio público que presta la compañía, lo cual no está cumpliendo.