La Fiscalía Anticorrupción considera que existen «pruebas y datos fácticos» que demuestran que UDC se financió ilegalmente a través del desvío de las subveciones otorgadas a la Conselleria de Trabajo para impartir cursos de formación ocupacional, según un informe de la Fiscalía, por el que solicitó a la juez pinchar el teléfono de diversos testigos e imputados. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, levantó ayer el secreto de sumario del 'caso Pallerols', referente a la presunta financiación irregular de UDC.
En el informe de la Fiscalía, se afirma que existen «indicios de que gran parte» de los cursos de formación ocupacional de la Conselleria de Trabajo que se debían haber llevado a cabo con las subvenciones otorgadas a la Conselleria de Trabajo no se llegaron a realizar. Añade la Fiscalía que se falsearon «listas de asistencia de alumnos a fin de aparentar su regularidad, en el desvío de un 10 por ciento del importe anual de las subvenciones percibidas» por la sociedad CEI, del empresario andorrano Fidel Pallerols, a la «financiación» de UDC.
La Fiscalía añade que estas afirmaciones están basadas en «pruebas y datos fácticos claros y tienen por objeto hechos y delitos indudablemente graves» y no son «meras conjeturas o sospechas». En el escrito del fiscal se afirma que los hechos cometidos por los imputados del 'caso Pallerols' pueden ser constitutivos de delitos de «fraude de subvenciones, prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias», según señala en un informe la Fiscalía, por el que solicitó a la juez que investiga el caso que fueran pinchados los teléfonos.