El Gobierno vasco presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el juez Garzón por considerar que podría haber incurrido en un delito de prevaricación en sus resoluciones relacionadas con la suspensión de Batasuna. El Gobierno vasco ha tomado esta iniciativa el mismo día en el que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el ejecutivo autónomo contra la Ley de Partidos. El Ejecutivo autonómico materializó el anuncio que hizo el pasado día 17 de septiembre y presentó ayer una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, alegando que sus sucesivas resoluciones relacionadas con la suspensión de Batasuna suponen una «restricción infundada e ilegítima de los derechos de reunión y manifestación».
Fuentes de la Vicepresidencia vasca señalaron que estas actuaciones de Garzón son «resoluciones no contrastadas e injustas», que «menoscaban las competencias del Gobierno Vasco», generan «inseguridad jurídica» y recogen «una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna». También en el ámbito judicial, el Tribunal Constitucional, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad elevado por el Gobierno de Vitoria contra la Ley de Partidos, y decidió iniciar el procedimiento de recusación del presidente de este tribunal, Manuel Jiménez de Parga, planteada por ese ejecutivo.
Esta decisión, tomada el miércoles por el pleno del alto tribunal, a cuya reunión no asistió Jiménez de Parga, responde a la solicitud del Gobierno de Vitoria, que sustentó la petición de recusación de Jiménez de Parga «en las numerosas manifestaciones públicas que ha realizado» sobre la plena constitucionalidad de la Ley de Partidos. Por su parte, el juez Garzón se pronunció ayer, tras la negativa de la Mesa del Parlamento Vasco a suspender al grupo de Socialistas Abertzales (antigua Batasuna), y trasladó una petición al fiscal para que informe sobre este acuerdo adoptado el pasado día 3 por el citado órgano parlamentario.