El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se dirigió ayer en un auto a estructuras administrativas de todo tipo en el País Vasco y el resto de España solicitando información para sumarla a la elaborada por la Unidad Central de Inteligencia de la Policía y «reconstruir en gran medida todo el edificio común de la organización terrorista», demostrando así la integración de Batasuna en ETA.
El objetivo de la resolución, explica el juez, «es establecer si se han producido las bases de esa limpieza mediante el abandono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco, que ha establecido su residencia en otras partes de España, causando baja en el censo electoral de aquél». Esta actuación, que Garzón califica de «auténtica limpieza étnica de baja intensidad», estaría dirigida «a predeterminar con una determinada tendencia ideológica la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar el resultado afirmativo de aquél».
«Así, la defensa de un derecho, el primero de los incluidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, se convierte en una actividad delictiva al pretender, partiendo de la falta de un respaldo electoral suficiente para conseguir los objetivos perseguidos, aquella estrategia de limpieza étnica, violando casi todos los demás derechos de esa norma», añade.
Para demostrar esta tesis, Garzón pide todo tipo de datos: desde el número de funcionarios policiales que, por razones de seguridad, viven fuera del País Vasco a una relación, «por sectores y zonas geográficas», de todas aquellas personas «con cargo público o sin él» que tengan medidas de protección o que hayan tenido que abandonar esta comunidad autónoma.