El Gobierno considera que el informe del Tribunal de Cuentas que desvela masivas irregularidades en la financiación de la formación continua es una buena oportunidad para corregir sus deficiencias, una cuestión que el Ministerio de Trabajo consensuará con agentes sociales y comunidades autónomas. Partidos políticos y sindicatos coincidieron ayer en demandar una investigación a fondo de las irregularidades detectadas, aunque subrayaron que éstas no deben contribuir a deslegitimar la tarea desempeñada por los agentes sociales en la formación continua.
El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, recordó que existe una sentencia del Constitucional que exige una nueva regulación de la formación continua y señaló que «ésta es una oportunidad extraordinaria para corregir todas las deficiencias que hayamos podido detectar». El ministro Rodrigo Rato señaló que «ésta es una buena oportunidad para hacer avances en la formación continua que permitan una mayor flexibilidad y, sobre todo, adaptarse mejor a las necesidades de cada mercado».
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que le parecería un «error claro» que tras el informe del Tribunal de Cuentas sobre FORCEM se abra un «debate de deslegitimación» de las organizaciones empresariales o sindicales. Los beneficiarios de ayudas de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) -fundamentalmente organizaciones sindicales y empresariales- sólo realizaron, en el periodo 1996-1998, un tercio de las actuaciones a las que se habían comprometido, aunque recibieron un 90 por ciento de las cantidades para su financiación.
Esa es una de las numerosas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su «Informe de Fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores» en ese trienio, y que podrían dar lugar a que los beneficiaron tuvieran que devolver más de 2'1 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha puesto en manos de su sección de Enjuiciamiento esas conclusiones, según las cuales los beneficiaron que deberían reintegrar más dinero son la Confederación de Empresarios de Galicia (942.556 euros), Comisiones Obreras (337.671), CEOE (246.290) y Cepyme (175.470).