Los sindicatos anunciaron ayer que las modificaciones que el Gobierno introducirá en la reforma de la protección por desempleo incluirán siete de sus ocho principales reivindicaciones, lo que, en opinión del ministro de Trabajo, supone un «ejercicio de flexibilidad» del Ejecutivo. Eduardo Zaplana se reunió ayer con los líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y luego con el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar.
El Gobierno restituirá la situación legal anterior a la reforma de aspectos como los salarios de tramitación, la cobertura de los trabajadores fijos discontinuos, la compatibilidad de cobro entre prestación y subsidio, la definición de oferta adecuada de empleo y las vacaciones no disfrutadas, entre otras cuestiones. No obstante, Méndez afirmó que «hasta que no se restituyan todos los derechos, mantendremos la discrepancia, lo que no es óbice para reconocer que ha habido cambios fundamentales en algunos aspectos».
Méndez se refería así al subsidio agrario percibido por los jornaleros de Andalucía y Extremadura y que no será restituido. De acuerdo con los cambios explicados por Zaplana, el empresario contará con 48 horas para consignar la indemnización por despido y una vez superado este plazo la situación legal queda como estaba antes de la reforma, con un solo matiz: será el empresario el que abone íntegramente los salarios de tramitación.
Hasta ahora, el empresario pagaba sólo los dos primeros meses de salario del trabajador, y el Ministerio de Justicia se hacía cargo del resto, hasta que una sentencia judicial se pronunciaba sobre el despido. Además, la indemnización que perciba el trabajador despedido dejará de ser considerada como renta y se podrá compatibilizar con el subsidio y con las aportaciones al convenio especial con la Seguridad Social en los casos de prejubilaciones.