El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, negó ayer que el Ejecutivo se haya planteado la suspensión de la autonomía vasca. La posibilidad de esa medida, a consecuencia de la actitud de las instituciones del País Vasco ante la decisión judicial de suspensión de las actividades de Batasuna, motivó ayer una serie de declaraciones que alertaron de sus posibles consecuencias.
Mariano Rajoy negó que el Gobierno se haya planteado la suspensión de la autonomía y subrayó su disgusto por los intentos del Ejecutivo de esa Comunidad de transmitir la idea de que están siendo «agredidos». El vicepresidente del Gobierno añadió que el Ejecutivo «no ha planteado en ningún lugar, ni debatido, ni puesto sobre la mesa el asunto» de la suspensión de la autonomía vasca, una posibilidad prevista en el artículo 155 de la Constitución. No obstante, apuntó la conveniencia de que la Mesa del Parlamento vasco «reflexione y reconsidere» su decisión.
Por parte del Gobierno vasco, Ibarretxe aseguró que responderá «sin nerviosismo y desde la legalidad» a los «excesos políticos y jurídicos» y, ante las voces que sugieren suspender la autonomía, advirtió de que el autogobierno «no depende de lo que unos señores decidan en Madrid» ni de ETA. Reiteró que el autogobierno sólo dependerá «de la voluntad de los vascos y de las vascas» y arremetió contra ETA por suponer una «lacra inmensa» que «mata al pueblo vasco por dentro y también la imagen que tiene fuera».
El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, afirmó que la adopción por parte del Gobierno de medidas excepcionales respecto al País Vasco sólo beneficiaría a los «radicales» y a quienes «practican la violencia». Además, dijo que en la reunión celebrada el jueves entre el PSOE y el Ejecutivo, él no sacó la impresión de que el Gobierno «fuera a adoptar ninguna medida extraordinaria» en la autonomía vasca.