Rafael Larreina, portavoz de EA en la Cámara vasca, justificó la iniciativa y aseguró que la «clave» de la inconstitucionalidad radica en que la Ley de Partidos -con cuya aplicación el Gobierno y la Fiscalía General del Estado persiguen la ilegalización de Batasuna-, «ataca principios básicos» recogidos en la Constitución, como «la libertad ideológica, la libertad de asociación y la presunción de inocencia».
En concreto, hacen referencia a los artículos 9; 10-2 b) y c); artículo 10 apartados 5 y 6; artículo 11 apartados 1, 2 y 3; Disposiciones Adicionales primera y segunda; así como cualquier otro artículo que tenga conexión, relación, o dependencia con los expresamente aquí citados.
PNV y EA justifican la medida recordando que en la sesión plenaria del pasado 17 de mayo, la Cámara vasca ya expresó que, por coherencia democrática, la defensa de las libertades y derechos fundamentales debía garantizarse «con independencia de la simpatía o el juicio político que a unos u otros pueda merecer el titular o titulares de esos derechos y libertades». En ese sentido, se ponía de manifiesto que los procesos de ilegalización de organizaciones políticas «afectan directa y restrictivamente a derechos y libertades tan relevantes como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación ciudadana».
Para el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, la iniciativa de PNV y EA, en el gobierno vasco junto a IU, «demuestra la voluntad clara» de sus dirigentes «de sustentar Batasuna convirtiéndose en los abogados defensores del brazo político de ETA». El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, vaticinó que aunque PNV y EA logren la mayoría suficiente para su petición de que el Parlamento Vasco presente un recurso ante el Constitucional contra la Ley de Partidos, ese recurso «está abocado al más estrepitoso de los fracasos», ya que, a su juicio, esa norma «pasa todos los filtros de legalidad».