La banda terrorista ETA ha reaccionado inmediatamente al proceso de ilegalización de Batasuna iniciado por parte del Parlamento y del juez Baltasar Garzón, que ha suspendido todas las actividades de la coalición abertzale, y lo ha hecho con la colocación de un artefacto explosivo frente a los juzgados de Tolosa (Guipúzcoa). Afortunadamente, la Ertzaintza fue avisada de su existencia, una olla a presión con 5 kilos de cloratita y otros 5 de dinamita, y logró explosionarlo de forma controlada sin que se produjera ningún herido.
Según la versión de la Policía vasca, sobre las 22:30 horas del lunes, el diario 'Gara' recibió una llamada anónima en nombre de ETA advirtiendo de que una hora más tarde un artefacto explotaría en el citado lugar. Entonces, la Ertzaintza fue avisada y procedió a acordonar la zona y a desalojar las inmediaciones de los juzgados y edificios como la Casa del Agua o el ambulatorio. Inmediatamente después, los artificieros de la Policía Autónoma pusieron distintos cebos al artefacto y lograron explosionarlo de forma controlada sin que se produjeran grandes daños materiales. El cordón policial se levantó a las 3:00 horas de la madrugada.
La bomba, compuesta de 10 kilos de explosivos, estaba acompañada de un cordón detonante y un temporizador preparado para que estallara a una hora determinada, a la hora exacta en la que la banda terrorista lo accionara para provocar otra de sus catástrofes. Los etarras no han tardado en actuar y, por supuesto, lo han hecho con la violencia y tratando de sembrar el pánico protestando por el cierre de los locales de Batasuna donde anoche pernoctaron los cargos institucionales de la coalición.
En estas circunstancias, las condenas al atentado fallido no han dejado de sucederse alo largo de la jornada. El PSE-EE lamentó lo sucedido y abogó por «buscar la fórmula para estar lo más unidos posible para actuar contra ETA y quienes le apoyan». Desde IU-EB también se ha condenado el suceso. Para los jueces el atentado responde a los mensajes que está lanzando Otegi en los últimos días contra la legalidad española y esperan que, precisamente por esta razón, se adopten con rapidez y prontitud medidas para proteger las sedes judiciales del País Vasco.