El Pleno del Congreso aprobó ayer, reunido en sesión extraordinaria, una propuesta de resolución promovida por PP y PSOE por la que se insta al Gobierno a presentar una demanda ante la Sala Especial del Tribunal Supremo para reclamar la ilegalización de Batasuna y sus dos últimas marcas electorales (Herri Batasuna y Euskal Herritarrok). Tras casi dos horas y media de debate, la votación de la propuesta registró un respaldo de 295 diputados de PP, PSOE, CC y PA.
En el debate, en el que votaron en contra los 10 diputados previstos (PNV, EA, ERC e IC-V) y optaron por la abstención 29 diputados de los grupos parlamentarios de CiU, IU, BNG y CHA, más dos que se confundieron, el portavoz popular, Luis De Grandes, señaló que «no se puede repudiar las acciones de ETA y, a la vez, autoemplazarse a modo de defensor del vínculo de la inacción frente a Batasuna». De Grandes dijo ver al PNV «anclado en el autismo político» y denunció que sus argumentos en contra de la Ley de Partidos son «un relato inaceptable orientado a tapar la miseria de Batasuna quizá con la intención de disfrazar en ello sus propias contradicciones y servidumbres».
«No es respetable mirar hacia otra parte para no ver lo que Batasuna es "aseveró". No es respetable acusar de electoralismo a quienes estamos defendiendo la vida y la libertad mientras que el PNV mira hacia Batasuna supeditando su posición al sólo cálculo de los votos a ganar». En esta línea, el popular proclamó que Batasuna es «la máscara» de ETA y «una deformidad» en el sistema político, por lo que el Parlamento debe asumir la «responsabilidad histórica» de excluirla de la vida legalidad. Así, consideró «obvio» dar respuesta a los batasunos que son, a su juicio, «voceros repetitivos de la dialéctica etarra», por lo que defendió la propuesta de ilegalización y el hecho de que sea el Parlamento quien la promueva. De Grandes insistió en que no cabe la indiferencia ni «esperar con los brazos cruzados», y en velada alusión a CiU, recalcó que el temor a la implicación del Parlamento en este proceso de ilegalización sólo puede «invocarse como excusa».
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, aseguró que quienes se oponen a la iniciativa de ilegalización lo hacen «siguiendo criterios de oportunidad», pero dijo preferir dialogar con ellos en lugar de coincidir en la confrontación. Tras recordar que la ley de partidos de 1978 ya preveía la posibilidad de disolver un partido por la autoridad judicial, subrayó que sólo «hay un derecho que no tiene limites: el derecho a la vida». Así, señaló que Batasuna «no puede ser legal» si niega el derecho a la vida». Caldera subrayó que no tiene dudas en que todos los grupos políticos con representación parlamentaria condenan el terrorismo y señaló que «en el futuro el PSOE prefiere aproximar posturas antes que reforzar la confrontación». El ministro del Interior, Angel Acebes, calificó de histórica la sesión y destacó que «la democracia se refuerza y el Parlamento planta cara al terrorismo en todo su entramado y al partido político que le apoya y le respalda».
Ministros despistados y reaparición de
González
El pleno extraordinario que celebró el Congreso en una época muy
inusual para la actividad de la Cámara dio lugar a pintorescas
anécdotas por la inexperiencia de los nuevos ministros, las
carreras de algunos diputados rezagados, que casi se pierden la
votación y la reaparición de Felipe González. El ministro de
Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, y el nuevo diputado del PP por
Toledo que el pasado mes de julio sustituyó a la ex ministra Isabel
Tocino, Juan Antonio Muñoz Gallego, fueron los que protagonizaron
la anécdota al equivocarse en la votación y decantarse por la
asbtención en lugar del voto afirmativo del Grupo Popular. Esta
equivocación hizo que el número de abstenciones previstas, las 27
que suman los diputados de CiU, IU, BNG y CHA, se incrementara a
29, causando cierta extrañeza en los pasillos.