El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó ayer a la representante legal de Batasuna, Jone Goricelaya, que suspenderá las actividades de la coalición abertzale el próximo lunes, una vez que recibió el informe favorable a tal suspensión del teniente fiscal de la Audiencia, Jesús Santos. El magistrado cumplió con la diligencia prevista en el artículo 129 del Código Penal de comunicar la decisión de clausurar los locales de Batasuna y suspender sus actividades, antes de dictar el auto que hará firme esta decisión. Ahora, se espera que Garzón haga público el auto por el que se suspenderán las actividades de Batasuna el próximo lunes. Antes habrá recibido a los inspectores de Policía de la Unidad Central de Información para que ratifiquen los informes que han servido de sustento para adoptar esta medida.
Tras más de una hora de comparecencia, Goricelaya aseguró que había acudido al Juzgado Central de Instrucción número 5 para cumplir con lo que exige la Ley. No obstante, fuentes presentes en la comparecencia señalaron que la representante de Batasuna alegó que la medida de Garzón es una «clara vulneración» de los derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva, ya que, según dijo, no han podido tener acceso a los informes de la UCI que han motivado la resolución ni a las actuaciones, secretas hasta el 20 de julio. Según señaló Goricelaya ante Garzón, en el informe del fiscal faltan imputaciones personales, como deben existir en cualquier proceso penal. Además, indicó que la medida les genera indefensión y consideró que es «desproporcionada», sobre todo por los «efectos» que puede tener.
El miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y portavoz de la coalición en Navarra, Pernando Barrena, se refirió a la decisión del juez afirmando que no esperaban «nada bueno» de él y advirtiendo estar preparados «para estas eventualidades». Barrena señaló que, con actuaciones como la del magistrado se demuestra que «en el Estado español no hay reparto de poderes». El abertzale señaló que existe «una perfecta sincronización en lo que se refiere al objetivo de ilegalizar» a Batasuna y subrayó que Garzón se ha caracterizado por actuar, hasta el momento, por la «subjetividad y el hacer al albedrío de los intereses políticos del PP».
Tras recordar que su formación ya ha existido en la clandestinidad, añadió que sabrán responder «a las exigencias que va a plantear esta nueva situacion». «La izquierda abertzale es mucho más que una organizacion política, es mucho más que Batasuna, la izquierda abertzale es un sector de la población de este país, un sector significativo que históricamente ha sabido organizarse y ha sabido responder a los retos políticos que le deparaba la situación en cada momento y, en este sentido, no tengo ninguna duda de que, en estos momentos, sabremos hacerlo», añadió.
Barrena no descartó que Garzón proceda a la detención en próximos días de dirigentes de la coalición abertzale y, «si se lleva a la práctica, volverá a demostrar la impotencia histórica que tiene el Estado español, y el PP, para solucionar el conflicto vasco y esa querencia que tiene para llevar todo por los derroteros de la represión y de la solución policial».
Además, y siguiendo con el embargo de las propiedades y cuentas de Batasuna, Garzón dictó ayer una providencia por la que cita para el próximo 23 de septiembre a los administradores de las sociedades que figuran como titulares de las herriko tabernas y a las asociaciones culturales dependientes de Batasuna que gestionan las mismas para, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, comunicarles la administración judicial de estos locales. Esta decisión del juez se enmarca dentro del auto que dictó el pasado 3 de julio, por el que se declaró la responsabilidad civil solidaria de HB-EH-Batasuna respecto de los daños y desperfectos causados por miembros de Segi, que actuaban a las órdenes de la coalición abertzale.