El Gobierno dio ayer los primeros pasos con vistas a la ilegalización de Batasuna al remitir al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, «todo el material» de que dispone sobre las actividades de esta organización, que ha evitado condenar el atentado de ETA cometido en Santa Pola (Alicante). Inmediatamente después de que el Ejecutivo anunciara esta iniciativa, la Fiscalía General del Estado explicó en una nota que ha comenzado los estudios preparatorios para la posible presentación ante el Tribunal Supremo de una demanda de ilegalización de Batasuna a raíz de los últimos pronunciamientos de sus dirigentes y sus «maniobras para eludir la condena» del último atentado.
La Fiscalía estudia las actuaciones y declaraciones de los representantes de esta formación desde que entró en vigor esta ley, así como sus pronunciamientos tras el atentado. El Gobierno, además de remitir a la fiscalía toda la información disponible sobre Batasuna, reveló que ha hablado con los dirigentes del PSOE, CiU y Coalición Canaria "formaciones que junto al PP apoyaron la Ley de Partidos" para estudiar la mejor manera de poner en marcha el proceso, en el que pueden intervenir el Congreso y el Senado instando al Gobierno a pedir la ilegalización.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinó en Santa Pola que «es el momento» de aplicar la Ley de Partidos para promover la ilegalización de Batasuna «con todas las garantías jurídicas». Rodríguez Zapatero sostuvo que tras el atentado del domingo, Batasuna «ha vuelto a demostrar qué posición tiene», la cual resulta «lamentable» y contraria a la «esencia de la convivencia y de las personas» y por ello consideró que el Gobierno de Aznar «tiene la responsabilidad» de promover la ilegalización de Batasuna «con el máximo consenso».
Miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP remarcaron que es posible aplicar ya la ley contra Batasuna. Así, el ministro del Interior, Angel Acebes, consideró que «se dan algunos supuestos» previstos en la norma para la ilegalización, puesto que la reacción de Batasuna «repugna a la democracia», en una actitud de «exculpación clara» hacia ETA que exige aplicar la ley «cuando sea posible». Por su parte, el titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, consideró que deben involucrarse no sólo el Fiscal del Estado y el Gobierno de la nación, «sino también las altas instituciones como el Congreso y el Senado», vías «que en absoluto son excluyentes o incompatibles, sino complementarias».
Antes de que el Ejecutivo revelara su iniciativa, el portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, se mostró partidario de aplicar la ley «con la máxima firmeza», pero al mismo tiempo defendió que se haga «sin prisas ni precipitaciones», para tener garantías de que se utiliza de forma correcta. Trias pidió al Gobierno que recoja «el máximo de pruebas posibles para ver si se cumplen los requisitos de la ley, para estar seguros de que se aplica con total rigor y rectitud».
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó que «hay unos pasos previstos» en la Ley de Partidos y de lo que se trata es de «cumplirlos con las máximas garantías». Por contra, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró «un grave error» y una medida «efectista» la iniciativa del Gobierno que, en su opinión, ha respondido «de forma unilateral y partidista como si la ilegalización de Batasuna fuera una solución milagrosa».