El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respaldó ayer a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, asegurando que, en contra de lo afirmado por el PSOE, la Ley de Calidad de la Enseñanza «no lleva una memoria económica» en base a que «lo que existe es lo que el Gobierno aprueba». Los socialistas no se mostraron convencidos con esta respuesta y han pedido al Congreso que paralice el trámite parlamentario del texto hasta que se le remita dicha memoria económica, advirtiendo de que si el Gobierno no lo envía, recurrirá al Tribunal Constitucional.
Por otra parte, el secretario general del PP, Javier Arenas, declaró ayer que echa en falta las aletrenativa del PSOE al proyecto de Ley de Calidad en la Educación aprobado por el Gobierno, y aseguró que se han cerciorado de que legalmente no existe obligación de acompañar dicho proyecto de una memoria económica. El ministro de Hacienda respondió ayer a la acusación del PSOE de que el Gobierno está ocultando la memoria económica de la Ley de Calidad porque favorece a los centros privados y concertados. Montoro aseguró que dicha memoria no existe y acusó a los socialistas de desconocer los procedimientos del Gobierno ya que, según aseguró, «lo que existe es lo que aprueba el Gobierno».
Cristóbal Montoro explicó que «puede haber cualquier intercambio de documentos y papeles entre los diferentes departamentos ministeriales, pero lo que hay es lo que aprueba el Ejecutivo. Y lo que resultó fue que la ley salió sin memoria y hay bastante proyectos que no la llevan». Mientras, los socialistas intentan frenar el trámite parlamentario de la Ley hasta que ase aclare el tema de su financiación. El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, anunció que su partido ha presentado un escrito en la Mesa del Congreso en el que pide a la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, que paralice la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza hasta que el Gobierno no remita a la Cámara su memoria económica que, según dijo, es una obligación legal que el Ejecutivo ha «ocultado deliberadamente».
Caldera alegó que en la Constitución, el Reglamento de la Cámara Baja y la Ley de Gobierno de 1977 señalan que cualquier proyecto de ley que el Ejecutivo presente en el Parlamento debe acompañarse de una memoria económica donde se incluyan los costes económicos necesarios para la aplicación de la medida. En declaraciones en rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, presidido por Aznar y último del curso político, Arenas dijo que le hubiera gustado que Caldera anunciara hoy en el Congreso su proyecto alternativo de calidad de la enseñanza, «y discutir ambas, la del PP y la del PSOE. Y no la presenta porque carece de ella», sentenció.
Asimismo, en respuesta a las críticas por parte de los socialistas aseguró que no existe ningún tipo de obligación legal, en el marco del Congreso, de presentar memoria económica. «Es lo que pensábamos pero nos hemos cercionado de ello», precisó. Para el secretario general del PP, Caldera plantea la obstrucción a la reforma y el PSOE se sigue oponiendo, sistemáticamente, a reformas como la de educación. Además, Arenas afirmó que en materia de financiación de la enseñanza, el incremento que ha tenido desde que gobierna el PP ha sido muy importante, y muy por encima del incremento de otras etapas.