El presidente del Gobierno, José María Aznar, apostó ayer por continuar con una política de reformas que incluirá un plan de lucha contra la delincuencia, reiteró su ofrecimiento de diálogo social y advirtió al nacionalismo vasco de que ha emprendido un «camino sin salida». Aznar realizó estas consideraciones en su intervención inicial de casi una hora de duración en el Debate sobre el Estado de la Nación, en la que se refirió a la formación de un Gobierno renovado «que quiere llegar más lejos en los grandes retos de los españoles».
Esos retos los fijó en combatir el terrorismo, asegurar el ejercicio de las libertades, fortalecer la vertebración nacional, seguir creando empleo, modernizar el país, incrementar el bienestar y reforzar el papel de España en el mundo. Son los siete ejes de la acción del Gobierno en los próximos meses y que servirán de base para una serie de reformas anunciadas como la de la ley de extranjería, la de calidad sanitaria, la que permita «superar el monopolio público en el ferrocarril abriéndolo a la competencia», y un plan de ahorro y eficiencia energética.
Aznar situó al terrorismo como el principal problema que deben afrontar los españoles y advirtió a sus responsables y cómplices de que están «condenados al fracaso» y sólo les espera la acción de la Justicia dentro y fuera de España. Tras destacar el avance que supone en ese objetivo la reforma de la ley de partidos políticos, abogó por reforzar el compromiso político contra el terror y se refirió al acuerdo sobre autogobierno aprobado en el Parlamento vasco por el PNV, EA e IU gracias a la abstención de Batasuna.
Para Aznar, se trata de «una iniciativa grave, profundamente equivocada, que pone en evidencia una vez más la coincidencia de todo el nacionalismo vasco en los fines más radicales» y que supone «un camino sin salida». El presidente del Gobierno renovó su apoyo a las medidas tendentes a modernizar la Justicia, que cree que ya están dando resultados y, aunque rechazó el «alarmismo» en materia de inseguridad ciudadana, anunció un plan de lucha contra la delincuencia que confía que pueda contar con un amplio acuerdo parlamentario.