El ministro de Justicia, Angel Acebes, durante su intervención en el Senado, hizo un llamamiento a los tres partidos del Gobierno vasco, a los que reprochó su actitud contra la Ley de Partidos. Una actitud que «no va a cambiar la opinión del 95% del Parlamento y no va a confundir a los ciudadanos de bien, que saben perfectamente dónde están unos y dónde están otros». De hecho, calificó la oposición a la Ley, «no plantar cara a los asesinos», es «un error histórico». El ministro se preguntó por los motivos por los que un partido «que está sobradamente demostrado que da apoyo a los terroristas» puede ser legal. La Ley, dijo, ofrece medios para combatir «a quienes no respetan el derecho a la vida sin por ello comprometer a quienes sin hacer caso de la violencia defienden cualquier ideología política». La primera consecuencia será con toda seguridad la ilegalización de Batasuna.
Como ya estaba anunciado, la mayoría que conforman PP y PSOE, con el apoyo de CiU, CC y los senadores del PSC que forman parte de la Entesa Catalana de Progrés, evitaron que se introdujera cambio alguno en la Ley de Partidos durante su trámite en el Senado. Las 83 enmiendas que se presentaron fueron rechazadas. El PSC, además, acató la decisión de su partido y votó a favor de la Ley. El portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, el senador socialista catalán Isidre Molas, así lo anunció antes de la votación.
El más contundente en su argumento fue el senador del PNV, Joseba Andoni Aurrekoetxea, que reivindicó su derecho a discrepar de una Ley que se enmarca «dentro de la estrategia de aislamiento de los nacionalistas» que defiende el PP. Según dijo, el Gobierno sólo busca la ilegalización de una formación concreta, Batasuna, con una «bochornosa» forma de gobernar que se basa en el eslogan «conmigo o contra mí». Recordó además que la mayoría social del País Vasco está en contra de la reforma y que hay vías judiciales para castigar a los partidarios de ETA.
El senador por Balears Manuel Cámara, de IU, denunció la «falta de oportunidad» de una medida que reforzará «el binomio ETA-Batasuna». Carles Bonet, de ERC, defendió su propuesta de veto en su nombre y en el de Marta Cid, la otra senadora del partido catalán tachando la reforma de «vendetta política».