La Presidencia española presentó ayer al comienzo del Consejo Europeo de Sevilla un texto a los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince en el que, con el fin de acercar posturas con Francia y Suecia, suaviza la posibilidad de sancionar a los países que no colaboren de forma suficiente en el control de la inmigración ilegal. Así por ejemplo se dice explícitamente que se tomarán medidas sin poner en duda los objetivos de cooperación al desarrollo.
El texto presentado ayer a los jefes de Estado plantea que en el caso de que se constate «por unanimidad» una falta de cooperación «no justificada» por parte de un país en la gestión común de flujos migratorios, «el Consejo podrá adoptar conforme las reglas de los Tratados, medidas o posiciones en el marco de la política Exterior y de Seguridad Común y otras políticas de la UE respetando los compromisos adquiridos por la Unión y sin poner en duda los objetivos de cooperación al desarrollo».
Esto implica que cualquier decisión respecto a sanciones no sería tomada únicamente por la Comisión sino por el Consejo de Ministros, que deberá votar en una dirección unánimemente para que se lleve a cabo. Además de esta cuestión en la reunión se abordarán otros puntos como la posibilidad de limitar el reagrupamiento familiar o la exigencia de visado a determinados países latinoamericanos.
Sobre esta cuestión el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda explicó que se estudia reducir a 16 años la edad máxima de los hijos susceptibles de ser reagrupados, «en función de que estén o no trabajando».