El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, aseguró ayer que si los sindicatos incumplen los servicios mínimos «existen otros mecanismos» para garantizar el derecho al trabajo «y, evidentemente, la policía tendría que actuar en algunos casos».
En declaraciones a Antena 3 TV, Cabanillas afirmó que la fijación de los servicios mínimos «es una obligación y una potestad del Ejecutivo», y añadió que los sindicatos tienen la obligación y la responsabilidad de cumplirlos.
«El Gobierno tiene tres obligaciones fundamentales: que salga bien el Consejo de Sevilla, garantizar el derecho de huelga y garantizar también los servicios mínimos y el derecho al trabajo de quienes no quieran ser parte de la huelga», dijo Cabanillas, quien subrayó que los sindicatos tienen que tener muy claro que «la huelga es un derecho pero no es una imposición».
Preguntado por ruptura del diálogo con los sindicatos, el ministro Portavoz explicó que «gobernar también es decidir» y hay momentos en que hubiera sido «mucho más fácil» retirar el texto de la reforma, pero «nuestra legitimidad también viene de nuestra capacidad de cumplir con los compromisos».
El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dijo por su parte que «a poca proporcionalidad que exista» entre las razones esgrimidas para la huelga general y el grado de seguimiento, el apoyo a la protesta debería ser «extraordinariamente bajo», a no ser que responda a «motivos políticos».
«No tengo capacidad de predicción» pero las encuestas muestran
niveles «razonablemente bajos» por lo que «no creo que vaya a
superar a la última».
Mientras, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
Jorge Fernández, afirmó ayer que el CIS hizo once estudios sobre
las huelgas generales de 1988, 1992 y 1994 que sólo llegaron al
Gobierno del PSOE sin que «ni la opinión pública ni los grupos
políticos tuvieran conocimiento de los mismos».
Salió así al paso de las críticas del portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, respecto a que no se haya remitido al Congreso el estudio del CIS sobre la huelga del próximo día 20.
De otra parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que, tras el 20-J, su Gabinete seguirá acometiendo las reformas que sean necesarias para cumplir el programa electoral con el que ganó las elecciones.