El etarra Juan Víctor Galarza Mendiola, prófugo de la justicia española, fue detenido ayer en Venezuela, país al que el gobierno de España reclama la extradición de seis supuestos terroristas desde 1996. Fuentes diplomáticas españolas confirmaron que Galarza fue detenido en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua y a 109 kilómetros al oeste de Caracas, en circunstancias no aclaradas, por agentes de la policía política DISIP. El detenido es buscado por la justicia española por pertenecer presuntamente a la banda terrorista ETA y está involucrado en dos causas abiertas en su país por asesinato, agregaron las fuentes.
Galarza fue condenado por la Audiencia Nacional en 1987 a seis años de cárcel y al pago de una multa por un presunto delito de colaboración con banda armada por su pertenencia a la infraestructura del «Comando Bizkaia» de ETA. España reclama a Venezuela desde 1996 la extradición de seis personas acusadas por la justicia de actos terroristas y asesinatos. Las extradiciones están paralizadas desde hace años en distintas instituciones venezolanas, pese a la insistencia del gobierno español en activar los casos para que la justicia decida.
De otra parte, el juez Baltasar Garzón puso ayer en libertad bajo fianza de 30.000 euros al director de auditoría interna de la Caja Laboral Popular, Ignacio María Magallaray, al que acusa de colaboración con ETA, desobediencia grave a mandamientos judiciales y malversación impropia de fondos a su cargo. Garzón adoptó esta decisión a pesar de que, tras la comparecencia de Magallaray, el fiscal Enrique Molina había solicitado su ingreso en prisión incondicional por los mismos delitos por los que el juez acordó finalmente su puesta en libertad bajo fianza.
Durante el interrogatorio, según las fuentes, Mallagaray, de 53 años, no supo contestar a las preguntas del fiscal referidas a porqué había alertado a determinados clientes suyos de las ordenes de bloqueo de sus cuentas en la Caja Laboral decretadas por Garzón, tal y como se desprende de las intervenciones telefónicas a las que fue sometido. Según las investigaciones, Mallagaray supuestamente avisó a responsables de «herriko tabernas» "sedes sociales de Batasuna" de la intervención judicial de las cuentas relacionadas con estos establecimientos.
De otra parte, las autoridades francesas han concedido la entrega temporal de la presunta integrante del «comando Donosti» de ETA, Irantzu Gallastegi, para ser juzgada en España. La Fiscalía solicitó la entrega de Irantzu Gallastegi, por cuatro causas, entre ellas por el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica en 1999.