El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que «hay razones para una protesta seria» de los sindicatos porque la reforma de las prestaciones por desempleo es «muy injusta e innecesaria», y opinó que el Gobierno debería «cambiar su discurso» ante la huelga general. Zapatero indicó que el día de la huelga va a estar, según su obligación como dirigente político, «garantizando y exigiendo al Gobierno que respete el derecho de huelga a aquellos que la quieren hacer y garantice el derecho de ir al trabajo a aquellos que no quieran hacerla».
El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, acusó a Zapatero de caer en la «mentira», la «irresponsabilidad» y la «demagogia». Cabanillas aseguró que Zapatero «miente» porque, en contra de lo dicho por el líder socialista, a los mayores de 52 años no se les quita ningún subsidio, sino que «precisamente podrán contabilizar una parte del mismo con un empleo, habiendo además bonificaciones del 50 por ciento en su contratación». En segundo lugar, criticó también la «irresponsabilidad» del líder socialista por decir que se es «más español» cuando se ejercen derechos como la huelga.
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, afirmó por su parte que el año pasado hubo aproximadamente 400.000 desempleados que rechazaron ofertas de empleo del Inem, aunque tras esas acciones, precisó, «se esconden un sinnúmero de causas». Estos rechazos no fueron siempre «injustificados o debidos a una actuación negligente», dijo, razón por la que los servicios públicos de Empleo no impusieron sanciones en todos los casos. Chozas recordó también que, durante el pasado año, el Inem retiró a 124.000 parados su prestación de desempleo aunque, matizó, no siempre fue por rechazar un puesto de trabajo.
Tanto UGT como Comisiones consideraron que los desempleados que se negaron a aceptar las ofertas de trabajo estaban en su derecho de hacerlo. Mientras, CiU ya ha anunciado que no apoyará en el Congreso la convalidación del decreto-ley de reforma del desempleo, sino que se abstendrán, y quieren que en la tramitación parlamentaria posterior se introduzcan una serie de cambios en el texto y que se habiliten más medios y recursos para gestionar las medidas. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que la tramitación de la norma en el Parlamento como proyecto de ley puede ser «inquietante» porque «no está escrito» que ese proceso sirva para introducir mejoras, sino que incluso puede empeorar.