El presidente del Gobierno, José María Aznar, advirtió ayer de que la convocatoria de una huelga general para la víspera del Consejo Europeo de Sevilla tendrá consecuencias para los convocantes y un «coste político» para quienes la apoyan. Aznar aseguró que «nadie puede pensar» que actuaciones como la llamada a la huelga del día 20 «no van a tener consecuencias». Tras afirmar que esta situación no tiene precedentes en Europa y «no deja de producir asombro», además de ser un «despropósito», el presidente del Gobierno consideró «difícil de entender» que dirigentes del principal partido de oposición justifiquen la huelga aunque, según advirtió, es «su responsabilidad».
El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció que el grupo parlamentario del PP ha expresado su intención de que el decreto-ley se tramite en el Parlamento como proyecto de ley "lo que permite la introducción de enmiendas" y aseguró que el Ejecutivo no se ha planteado la posibilidad de cambiar de ubicación o fecha el Consejo Europeo. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, justificó la reforma y dijo que entre las responsabilidades del Gobierno está «producir cambios que busquen el interés general».
Para la huelga general, los sindicatos policiales SUP, UFP y SPPU han decidido coordinarse con CC OO y UGT y crear un gabinete de enlace para conseguir que la protesta se desarrolle con normalidad y garantizar el derecho de los ciudadanos a secundar el paro. Los representantes de los tres sindicatos de la policía pidieron al Gobierno que no convierta el ejercicio de un derecho constitucional «en un problema de orden público». En este contexto, consideraron «alarmista» la decisión de suspender todos los permisos en las fuerzas de seguridad a partir del día 1 de junio, así como los cursos de formación previstos entre los días 17 y 24 de ese mes para seiscientos policías, que serán trasladados a Sevilla, donde tendrá lugar el 21 y 22 el Consejo Europeo que clausura la presidencia española de la UE.
El secretario general, Cándido Méndez, anunció que los sindicatos solicitarán una entrevista con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que recurra en nombre de CC OO y de UGT ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley de reforma del sistema de protección por desempleo. Méndez criticó que el Gobierno haya usado el decreto-ley para aprobar la reforma del desempleo porque esta figura normativa sirve para casos de urgencia y en estos momentos, explicó, el superávit del INEM no justifica tal celeridad, porque «si España va bien, ¿dónde está la urgencia? y si no va bien, que nos lo expliquen». A juicio del secretario general de CC OO, José María Fidalgo, la actuación de los partidos de la oposición está siendo «muy digna», ya que no están jaleando la huelga, como asegura el Gobierno, sino explicando a los ciudadanos su alternativa a la reforma gubernamental.
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley exigiendo la retirada del 'decretazo' y la realización de un debate específico sobre el tema con el fin de buscar una reforma consensuada y global de la Ley Básica de Empleo. Según Jesús Caldera el Gobierno ha provocado la huelga con «su rostro más autoritario y conservador». El Grupo Parlamentario de IU ha redactado un informe jurídico que «avala la inconstitucionalidad» del Decreto-Ley y que ha enviado ya a las comunidades autónomas en las que tiene representación parlamentaria y que hará llegar al Grupo Socialista y a los máximos dirigentes de CC OO y UGT. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, afirmó por su parte que cree que el Consejo Europeo de Sevilla se celebrará «con toda normalidad», pese a la huelga.