El presidente del Gobierno, José María Aznar, no se explica como estando tipificado en el Código Penal como delito de terrorismo el tribunal ha considerado que los 'vivas a ETA' de Otegi sean un delito de opinión y destacó ayer que será difícil explicárselo a las víctimas de ETA. El Supremo decidió archivar la querella contra el portavoz de Batasuna por gritar «Gora ETA» en un mitin en la localidad francesa de San Juan de Luz. El tribunal mantiene que la apología del terrorismo no está tipificada como terrorismo y por lo tanto no puede ser penado por la justicia fuera de nuestras fronteras.
Para Aznar será difícil explicarle a las víctimas de ETA que las palabras de Otegi vitoreando a ETA son sólo un delito de opinión. El presidente se preguntó cómo podría explicar a una víctima del terrorismo que la legislación española y el Código Penal establece como delito de terrorismo la apología y la exaltación del terrorismo y que, «siendo considerado legalmente un delito de terrorismo haya una interpretación judicial que lo considera no un delito de terrorismo sino un delito de opinión». «Sinceramente, creo que me costará mucho explicárselo a una víctima del terrorismo».
También el ministro de Justicia aseguró, en contra de lo que establece el Supremo, que enaltecer a los que cometen atentados constituye un delito terrorista según recoge «con absoluta claridad y nitidez» el Código Penal, después de que fuera modificado en el año 2000. «No es un problema de interpretación, o está dentro de los delitos de terrorismo o no lo está, y en este caso está», afirmó. Aunque respetó la decisión del Supremo, Acebes no dudó en discrepar de la interpretación del tribunal. Según dijo, es un error considerar que sólo es terrorista quien está en un comando que pone la bomba o dispara, «pues quien lo financia, quien le proporciona miembros o con su actitud genera terror o miedo» es terrorista, «como recogió el Código Penal».
En este sentido, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, afirmó que esta decisión justifica la necesidad de que exista una vía distinta a la penal «en la que un tribunal de justicia pueda enjuiciar una actitud, un comportamiento respecto de lo que puede ser una organización política en su proximidad a una organización terrorista». El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, admitió que el archivo de la querella le ha producido «rabia» y señaló que los jueces que han tomado esa decisión «deberían dejar de ser tan divinos y ser más humanos» y estar «con la sociedad española», que está «hasta el moño de ETA».
También para el vocal del CGPJ José Luis Requero la decisión del Supremo es errónea. Así, afirma que la medida conduce al «absurdo jurídico de que un señor de HB, cuando quiera aplaudir las actuaciones de ETA, lo único que tendrá que hacer, simple y llanamente, es coger el coche, cruzar la frontera y trasladarse unos pocos kilómetros a Bayona, San Juan de Luz, o donde quiera, y dar allí un mitin de ensalzamiento de ETA, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada».
En la postura opuesta se haya el Gobierno vasco, que coincide con la decisión del Supremo. Así, el portavoz de Ajuria Enea, Josu Jon Imaz, explicó que no se debe confudir lo que puede ser la exaltación de determinadas opiniones con la comisión de actos delictivos. El portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, incidió en la distinción entre el delito de terrorismo y opinión, y opinó que miembros del PP o del PSOE pudieron incurrir en su momento en apología del terrorismo por «ciertas declaraciones referidas al GAL o la Guerra Civil».