La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Plataforma de Consumidores de Carburantes, integrada por transportistas, agricultores y consumidores, contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos en la que se les acusa de alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia «mediante engaño y uso de información privilegiada».
Dicha querella ha sido admitida por el juez central de instrucción número uno, Guillermo Ruiz Polanco, y ha contado con el visto bueno del fiscal. En el auto, el magistrado reclama a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre el caso que reunió durante más de año y medio y que le llevó a formular un proyecto de querella contra las petroleras, cuya presentación fue vetada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
El secretario general de UPA, Fernando Moraleda, señaló, en declaraciones a Europa Press, que con este procedimiento se abrirá una investigación sobre el sector de los carburantes y se conocerá el alcance de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que «se negaba el Gobierno», que, según dijo, «tiene miedo a la verdad cuando afecta a los poderosos». La denuncia contra las petroleras se presentó como consecuencia del acuerdo alcanzado en este sentido por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, tras la decisión del Fiscal General de Estado, Jesús Cardenal, de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos años por la Fiscalía Anticorrupción para analizar el comportamiento de las petroleras en la fijación de precios de los carburantes y el funcionamiento de la competencia en el mercado.
Según explicaron fuentes de la organización agraria, la denuncia pretendía que no se perdiera el trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción. Para ello, junto a los hechos denunciados, UPA reclamó también que la Audiencia Nacional requiriera la totalidad de las diligencias efectuadas por la Fiscalía, así como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y Cepsa, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de Economía y Hacienda. En el mismo sentido se pronunció la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), para la que los hechos ponen de manifiesto el «engaño y el uso de información privilegiada» por las petroleras.