El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón modificó ayer la condición de testigos con la que iban a declarar tres ex consejeros del BBV y aplazó su comparecencia para volverles a citar de nuevo como imputados, según fuentes jurídicas, porque firmaron las cuentas anuales del banco. Se trata de José Antonio Sáenz Azcúnaga Usandizaga, ex ejecutivo del BBV y actual presidente de Metrovacesa; José Javier Gúrpide Huarte, ex vicepresidente del BBV; y Vicente Eulate, ex consejero.
Los tres estaban citados a declarar ayer como testigos por el juez en su providencia del pasado día 9; pero Garzón recibió ayer mismo un escrito del BBVA con la lista de consejeros del BBV que firmaron las cuentas anuales de la entidad entre 1996 y 1999, en la que aparecen los tres ex consejeros y se ha visto obligado a suspender la comparecencia para volverles a citar como imputados. El propio juez en su auto del pasado 25 de abril ya imputaba, junto al ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra, a «los miembros del consejo de administración del BBV que hubieren firmado las cuentas anuales de los ejercicios 1996 a 1999, a excepción de los administradores que por no pertenecer o proceder de BBV SA no hubieran podido conocer la presunta desfiguración contable. Todo ello respecto del tipo delictivo del artículo 290.1 del Código Penal».
La imputación de los administradores que firmaron las cuentas anuales del BBV entre 1996 y 1999, solicitada por el fiscal Anticorrupción adscrito al 'caso BBVA', David Martínez Madero, pertenece a la investigación relativa al expediente abierto por el Banco de España a BBVA por la existencia de cuentas opacas en el extranjero y, en concreto, a la operativa realizada a través de Amelan Foundation del Trust 532 de Jersey. Por otra parte, Garzón ha pedido informe al fiscal antes de decidir si admite o no la personación en la causa, como acusación popular, solicitada por el PP.
El Partido Popular ha implicado al PSOE en el cobro de comisiones ilegales procedentes de sociedades relacionadas con el entramado financiero creado por el BBV en el exterior. De acuerdo con el escrito de personación del PP como acusación popular, el partido del Gobierno justifica la petición de participar en las actuaciones judiciales porque el dinero de las cuentas del banco en el exterior puede haber «favorecido a una formación política determinada». Tras verter esa afirmación en el escrito, el PP interpone «querella» contra nueve sociedades y a continuación detalla algunas operaciones efectuadas por esas empresas con personas relacionadas con el PSOE y con compañías implicadas en la financiación ilegal de este partido "caso Filesa".