El presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo ayer que convocar una huelga general para el 20 de junio «es, además de un perfecto despropósito, hacer daño conscientemente a la imagen y al interés de España». Aznar dijo que la reforma sólo busca «incentivar» la búsqueda de empleo por parte de los desempleados, ya que el «resto de los trabajadores no tienen por qué mantener a los que no quieren trabajar». Aznar defendió esa reforma en la sesión de control al Gobierno, donde dijo que un líder de la oposición responsable «no puede ni debe justificar ni apoyar una huelga general», en referencia al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le pidió que retire el proyecto puesto que «a nadie le interesa ni nadie quiere una huelga general».
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo que esta reforma del desempleo es más grave que la que hizo el PSOE en 1994 "contra la que los sindicatos convocaron un paro general de media jornada". El presidente del Gobierno reiteró su oferta de diálogo con los sindicatos, los empresarios, autonomías y ayuntamientos, y aseguró que la propuesta del Ejecutivo no contiene «ni un recorte de ni una sola prestación». Por el contrario, mantuvo, se trata de medidas destinadas a fomentar e incentivar la búsqueda de trabajo sin disminuir las prestaciones.
También rechazó que se vayan a recortar prestaciones a los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura, y aseguró que la reforma del subsidio agrario se orienta a ofrecer a los jóvenes «un horizonte de trabajo y no uno de subsidio y dependencia». En opinión de Aznar, «hay gente» que quería convocar una huelga general desde que el PP ganó las elecciones del 2000 y subrayó que «un líder de la oposición responsable, no puede ni debe justificar ni apoyar una huelga general». El secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el problema del Gobierno de Aznar «no son los socialistas», sino «sus problemas con los trabajadores» y la política social que desarrolla y que, en su opinión, cada vez genera «más injusticia, más fractura social, y, además, incertidumbre».
La convocatoria formal de la huelga general el 20-J, víspera de la Cumbre europea que cerrará el semestre de presidencia española de la UE, saldrá hoy de las reuniones que celebrarán por separado el Consejo Confederal de CC OO y el Comité Confederal de UGT. El paro pretende obligar al Gobierno a retirar una reforma de desempleo que, en opinión de Cándido Méndez, contiene medidas «más graves para los derechos de los trabajadores que las que provocaron la convocatoria del paro general de media jornada de 1994 contra el Ejecutivo que entonces presidía González.
Méndez explicó que, además de redefinir lo que es una oferta adecuada de empleo, el Gobierno propone la desaparición paulatina del subsidio agrario para los trabajadores de Andalucía y Extremadura, que «afectará a unas 300.000 familias», y además elimina el salario de tramitación "el que un trabajador percibe en caso de despido mientras la justicia falla si es procedente". El vicepresidente Rato insistió por su parte en que la huelga constituye un «error» y una «mala decisión», y aseveró que la reforma del desempleo no supone «ningún recorte presupuestario», e incluso «amplía los derechos de los trabajadores eventuales del campo y de las mujeres que acaban de tener hijos».
También abundó en esa tesis el ministro Aparicio, mientras que Pío Cabanillas, insistió en que se trata de una huelga política. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó que la huelga es política «en la medida en que hay una decisión política de Aznar». El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que la huelga general «no es política», sino «una huelga y punto, no una guerra, porque usted no es Bush ni Fidalgo y Méndez, por mucho que lleven barba, son Bin Laden».