Los once detenidos en la operación desarrollada el lunes en el País Vasco y Navarra, contra organizaciones del conglomerado de ETA y más concretamente en sus entramados de financiación, pasarán a disposición judicial mañana. Es un «golpe muy fuerte» al entramado financiero-empresarial de ETA, comentó ayer el ministro del Interior, Mariano Rajoy, al detallar la operación que dijo estaba dirigida contra el entramado financiero-empresarial y, al mismo tiempo, contra la comisión nacional de las «herriko tabernas».
En esta operación, dirigida por el juez Garzón, la policía ha hallado numerosa documentación y ordenadores con información contable. Se hallaron en los siete registros efectuados, seis de ellos en empresas y gestorías y uno en el domicilio de uno de los detenidos: José Luis Franco Suárez. Las gestorías registradas son «Ducal» en Bilbao; «Hator» en Hernani; «Aixa» en Tolosa y «Etxepare» en Mungia, mientras que las empresas, ubicadas en la provincia de Vizcaya, son «Erosgune SL» y «Eneko SL».
Jon Gorrotxategi, considerado el tesorero de Batasuna; Joseba Mikel Garmedia Albarracín, miembro de la Ejecutiva de Udalbiltza; y Rufino Echeverría Arbelaiz, histórico miembro de la Mesa Nacional de HB, promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen y detenido en 1981 por pertenencia a ETA, son tres de los once arrestados. Rufino Echeverría participó supuestamente en el asesinato en San Sebastián, en 1980, del dueño del bar «Kopos», al que ETA consideraba un traficante de drogas.
Los detenidos formaban parte del entramado de financiación de ETA, algo que investigaba la policía desde 1998, seis años después de que ETA-KAS constituyera una estructura para que una parte del «complejo» se autofinanciara y dependiera del dinero que le suministraba hasta entonces el frente militar. Además, con esta estructura ETA quería destinar recursos para crear empresas en el exterior que mantuvieran a sus militantes huidos y generar beneficios, al tiempo que buscaba inyectar fondos de unas sociedades a otras.
Con este objetivo, creó Banaka, empresa dependiente de Herri Batasuna, que se encargó de la constitución, gestión y asesoramiento de diversas empresas, entre ellas las «herriko tabernas», sedes sociales de los colectivos de la izquierda abertzale, donde, según Rajoy, se capta a nuevos miembros de ETA y se organiza la «kale borroka». Banaka SA creó las gestorías y las dos empresas que han sido registradas, así como otras en distintos países extranjeros, desde las que ETA blanqueó dinero procedente del impuesto revolucionario y de los secuestros.
Garzón encarceló y procesó en 1998 a la que figuraba como encargada de Banaka, Maite Amezaga, quien meses después fue puesta en libertad tras el pago de una fianza de cinco millones de pesetas. En ese año, la policía ya actuó contra un entramado financiero de ETA, en concreto contra una trama de empresas vascas que daban cobertura a los etarras huidos a los diversos países de Iberomérica. Rajoy insistió en que la operación policial demuestra una vez más que Batasuna es lo mismo que ETA, un «entramado único».