Gobierno vasco y Batasuna coincidieron ayer en la interpretación de la operación policial ordenada ayer por el juez Baltasar Garzón, que supuso la detención de 11 miembros de la coalición abertzale acusados de pertenecer a la trama financiera de ETA. Tanto la formación liderada por Arnaldo Otegi como el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, aseguraron que la intervención del magistrado prepara políticamente la aprobación de la nueva Ley de Partidos y por consiguiente la ilegalización de la formación abertzale.
Para el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, se trata de un capítulo más de las actuaciones emprendidas por Garzón en 1998 contra la banda y le preguntó cuántos años necesita y cuántas detenciones para desentrañar la red financiera etarra. El miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Pernando Barrena, aseguró que la operación policial es el «granito de arena» del juez Garzón para preparar el terreno desde el ámbito penal para la ilegalización de la coalición abertzale.
Según dijo, la acusación del juez al partido de Otegi, asegurando que malversa fondos y se financia gracias a la banda etarra, es una «mentira interesada», ya que el partido se financia exclusivamente de las aportaciones por su trabajo institucional y de las realizadas por sus militantes. También Arzalluz piensa que esta operación es un «capítulo más» en las actuaciones de Garzón contra la banda pero duda que tenga resultados concluyentes, ya que «si los tuviera de una vez y pudiera demostrar que en tales y tales aportaciones económicas Batasuna ha estado financiando a ETA, ese sería un motivo más que pudieran aducir para su ilegalización», pero el juez «anda desde el año 98 en estas investigaciones».
También desde el Gobierno vasco, el portavoz del Ejecutivo del lehendakari, Juan José Ibarretxe, aseguró que las últimas detenciones de cargos y militantes de Batasuna invitan a pensar que «alguien está preparando el terreno para la próxima aprobación de la Ley de Partidos Políticos». Imaz criticó el «modo» en el que se han llevado a cabo las detenciones, ya que, según indicó, «han sido anunciadas con 24 horas de antelación, prácticamente televisadas y retransmitidas».