CC OO y UGT han puesto un ultimátum al Gobierno hasta el próximo 23 de mayo "en que se reúnen sus respectivos órganos directivos" para que retire el documento sobre la reforma de la protección por desempleo porque, de no hacerlo, amenazan con responder unitariamente de modo «contundente». El secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig-Samper, y el de UGT, Antonio Ferrer, hicieron esta advertencia tras reunirse ayer tarde con el secretario general de Empleo, Juan Chozas, quien aseguró que el Gobierno no va a retirar el documento porque, explicó, ofrece «mejoras evidentes» tanto para los parados como para el fomento del empleo.
Los sindicatos calificaron de «inaceptables» las propuestas del Gobierno que, en su opinión, hacen «imposible» el diálogo con los sindicatos y que han llevado a que la supuesta negociación se encuentre en «un estado catatónico», puntualizó Puig-Samper. Por la mañana, los secretarios generales de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, exigieron al Gobierno la retirada de la propuesta de reforma por desempleo al considerar que las medidas que propone son «innegociables». «Entre nosotros», dijo Fidalgo, «sabemos que la movilización ha empezado» y destacó que el Gobierno «tiene desde aquí hasta final de junio para decidir si retira las medidas» anunciadas. Por su parte, Cándido Méndez afirmó que la reforma es «innegociable», ya que «está en las antípodas de lo que nosotros planteamos».
CC OO y UGT pretenden convocar formalmente el paro general en las reuniones que el 23 de mayo celebrarán sus máximos órganos de dirección y después otros sindicatos decidirán si apoyan la protesta. En este sentido, el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, cree que «no existen condiciones objetivas suficientes como para apoyar» una huelga general, en tanto que el dirigente de ELA/STV, José Elorrieta, considera que «ya es hora de que Aznar tenga una respuesta sindical muy fuerte». Desde el Ejecutivo, el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, lamentó que los sindicatos no hayan presentado ninguna propuesta alternativa y reiteró que el Gobierno sigue abierto al diálogo con la mejor disposición.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que «no hay motivo alguno para una huelga general». «Lo que se pretende con una reforma como la del subsidio de desempleo es precisamente que haya más empleo para todos y en mejores condiciones, evitando cualquier tipo de abuso». El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, se mostró preocupado por la posibilidad de que la reforma pueda deteriorar un modelo de relación laboral basado en la concertación «que es la envidia de Europa».