Anticorrupción considera que los fondos de pensiones secretos que disfrutaron los antiguos gestores del BBV evidencia una «absoluta falta de probidad (honradez) y lealtad» de estos administradores, que podrían haber incurrido en un delito de apropiación indebida. Así consta en el escrito que la Fiscalía ha remitido al juez Garzón, en el que se pide "tras recibir el visto bueno del fiscal del Estado" la imputación de casi una treintena de antiguos altos cargos del banco, entre ellos el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri.
Según el escrito, el ex asesor fiscal de BBV y actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, habría «ideado, preparado y elaborado» el «Manual de Productos Fiduciarios» incautado en la sede de BBV Privanza en Madrid, mientras que el actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, podría haber participado en la concesión de préstamos al Gobierno de Fujimori.
El escrito analiza una por una las tres operativas presuntamente fraudulentas que cometió el banco, la cooperación en la defraudación fiscal de los clientes a través de BBV Privanza Bank Jersey; el blanqueo de capitales y el soborno para la compra de bancos en Latinoamérica; y la ocultación de fondos a través de cuentas secretas, contenida esta última en el expediente del Banco de España. Esta última operación, la fiscalía la describe como «la injustificada deslocalización por determinados responsables del BBV, durante años, de activos de muy relevante cuantía, situándolos al margen del conocimiento y control de los órganos» legales, y de los que «tales ejecutivos habrían detraido en su propio beneficio importantes sumas dinerarias».
La utilización de estos fondos secretos, que ascendieron a 37.343 millones de pesetas y que fueron regularizados a finales del año 2000, supondrían para la fiscalía unos delitos de administración desleal o apropiación indebida. Por ello, ha pedido que se cite como imputados a 23 altos cargos del antiguo BBV, entre ellos los ex presidentes Ybarra y Sánchez Asiaín, el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte, y a los conocidos empresarios y consejeros del banco Alfonso Cortina , Plácido Arango, Juan Entrecanales y José Lladó. El uso de los fondos secretos tuvo dos vertientes, una la constitución de unos planes de pensiones secretos en el año 2000 para los consejeros que procedían del BBV tras la fusión con Argentaria, y otro la utilización de cuentas secretas en paraísos fiscales.
El escrito de la fiscalía se refiere a la «ocultación y omisión contable de importantes activos sobre los que durante años habrían tenido disponibilidad los miembros del consejo de administración del BBV». Además, cree que hay apropiación indebida o administración desleal en «las disposiciones dinerarias (...) efectuadas con cargo a fondos depositados en paraísos fiscales y llevadas a cabo o propiciadas por aquellos administradores que, conociendo tales activos ocultos, consintieron su utilización».
En el escrito, Anticorrupción pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le remita la documentación que posee sobre la compra de acciones de autocartera por parte del BBV y la posterior venta a General Electric, así como de las acciones de Argentaria que compró el banco de forma secreta a través de Bankers Trust. También pide a la firma auditora Arthur Andersen que le presente los papeles de trabajo sobre la auditoría del año 2000, en el que se regularizaron estos fondos, y que se cite a declarar como testigo al socio auditor Diego Aguinaga. También pide que declare como testigo el ex vicepresidente y consejero delegado del SCH, Angel Corcóstegui.