El Consejo de Ministros aprobó ayer, para su remisión a las Cortes, el proyecto de ley de partidos políticos. Intentará buscar un «gran consenso» parlamentario, pero el ministro de Justicia, Angel Acebes, advirtió que no admitirá cambios que vacien de contenido la ley. Indicó, no obstante, que se puede «discutir» incrementar el número de parlamentarios "50 diputados o senadores, según el texto-necesarios para iniciar el proceso porque lo esencial es que se le dote al Parlamento de este poder, pero defendió que lo «lógico» es que sean los contemplados. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Acebes señaló que existe un «gran consenso social» y confió en que vaya acompañado del consenso político, para lo cual se harán todos los esfuerzos posibles, pero «sin perturbar el objetivo final, que es la ilegalización de partidos políticos que formen parte del entramado terrorista».
Señaló que los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratifican que la norma es «plenamente constitucional» y «oportuna» y que refuerza el Estado de Derecho frente a la agresión «más brutal» contra la democracia como es el terrorismo. Indicó que se han recogido «buena parte» de las sugerencias comunes, "la mayoría «técnicas» o «semánticas»" propuestas por ambos órganos consultivos «y aquellas que considerábamos que mejoraban el texto del anteproyecto». Entre ellas, mencionó una aclaración introducida respecto a que la norma no afectará a quien judicialmente estuviera rehabilitado o la de que no se disolverán las formaciones en razón de su ideología sino las que en sus actividades apoyen al terrorismo.
Precisó que «no hay en ninguno de los informes reparos importantes ni a la legitimación, ni al procedimiento ni al órgano que tiene atribuida» la competencia para dictar la ilegalización. Sobre los reparos del Consejo de Estado al carácter retroactivo de la ley, Acebes consideró que «por sentido común» sería «un error» anular la disposición transitoria que prevé el cambio de nombre de un partido político para impedir su ilegalización. Insistió en que el informe del CGPJ dice «claramente» que la norma no tiene ningún problema en cuanto a la retroactividad y consideró que es un «instrumento muy útil» a la hora de no perder la perspectiva.
Defendió, asimismo, que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo la que decida sobre la disolución de un partido porque no se puede encontrar un órgano mejor que éste a la hora de garantizar los derechos. El proyecto de ley de partidos será ahora remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, durante la cual, explicó Acebes, se escucharán todas las propuestas para modificarla, si bien advirtió de que no se admitirán aquellas destinadas a hacer de la ley «un mero envoltorio» que no persiga los objetivos para los que fue creada. Preguntado por el hecho de que esta ley vaya expresamente dirigida a la ilegalización de Batasuna y no de forma general a las formaciones que apoyen el terrorismo, respondió que «no cabe engañarse» porque «todos sabemos qué partidos forman parte del entramado terrorista».
Las reacciones no se hicieron esperar. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, ha asegurado que el proyecto de ley de partidos políticos aprobado ayer por el Consejo de Ministros «nos aleja de la paz», supone «un balón de oxígeno para ETA» y «refuerza las posiciones de los que usan y defienden la violencia». Imaz manifestó además que la decisión «divide profundamente al resto de partidos y provoca división en la sociedad vasca. El coordinador de la Mesa Nacional de Batasuna, Joseba Permach, aseguró por su parte que la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley de partidos políticos es «una de las decisiones más graves y más erróneas tomadas por el Estado y por el PP desde que está en el Gobierno». Permach anunció que Batasuna responderá a esta decisión «en clave política» con medidas que se conocerán en próximas semanas.