Nuevo revés judicial para Jesús Gil, el más grave de las últimas fechas. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó para él prisión incondicional e incomunicada hasta el próximo día 19, para practicar las diligencias necesarias, por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental en el Ayuntamiento de Marbella. El magistrado le acusa de malversar 26.444.532 euros, casi 5.000 millones de pesetas. En esta ocasión, es otro asunto el que ha dado con Gil en la cárcel, el 'caso saqueo', en el que se acusa a Gil de un presunto delito de apropiación indebida de casi 27 millones de euros. Del Olmo ha decretado prisión a instancias de la fiscal Anticorrupción, una medida a su juicio necesaria hasta las 17.00 horas del día 19 para practicar las diligencias pertinentes.
Gil no podrá hablar ni tan siquiera con su abogado, Horacio Silva, que se mostró indignado con la decisión del juez. Según dijo, «no es normal» que se decrete el ingreso en prisión del alcalde de Marbella para practicar nuevas diligencias después de dos años de investigación, y entendió la decisión como una muestra más de «la guerra a muerte» que mantienen Jesús Gil y la Fiscalía Anticorrupción en diferentes juzgados. El propio Gil declaró por la mañana en la Audiencia Nacional, a la que fue trasladado desde su residencia en la urbanización madrielña de La Moraleja.
Horas después, el juez ordenaba el ingreso en prisión incondicional e incomunicada del supuesto contable del entramado financiero creado presuntamente para desviar fondos del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Castell. Durante su declaración, le fueron mostrados una serie de documentos relacionados con el supuesto desvío de 4.442 millones de pesetas (más de 26 millones de euros) del consistorio marbellí. Los documentos fueron aportados por periodistas del diario «El Mundo», el medio que denunció los supuestos delitos cometidos en la localidad malagueña, según fuentes de la defensa de los imputados, que añadieron que los informadores siempre se han negado a revelar dónde los obtuvieron.
Las mismas fuentes añadieron que sólo siete de los documentos son originales, y el resto fotocopias, y que, en los primeros, Castell reconoció su letra, pero no su contenido, ya que no contienen más anotaciones que una fecha y una cantidad y dijo no saber a qué pueden corresponder. La fiscal, que acusa a Castellde ser el contable del entramado financiero supuestamente creado por Gil para desviar a sus cuentas particulares fondos públicos, preguntó a éste por su papel en el consistorio marbellí, a lo que el imputado respondió que era el asesor fiscal de las sociedades municipales, y que revisaba sus declaraciones de impuestos.