La Comisión de Seguridad de la que forman parte los partidos y el Departamento de Interior vasco llegaron ayer a un «importante avance» sobre las reformas legales a adoptar para mejorar los niveles de seguridad de los ediles vascos. En la cuarta reunión, celebrada ayer en Arkaute, PNV, PP, PSE, IU y EA e Interior lograron consolidar estos avances, que intentarán cerrar definitivamente el próximo 18 de abril. Se mantienen las discrepancias sobre la ilegalización de Batasuna, asunto que el PP ha anunciado que llevará a debate al Parlamento Vasco. Según los participantes en el encuentro, se ha pactado la posibilidad de crear gestoras municipales si hay renuncias de ediles.
Así, se reclamará a las Cortes que procedan a la reforma de la Ley Electoral de Régimen Electoral General, con el objetivo de que se rebaje el número de bajas de ediles necesarias en los ayuntamientos para constituir gestoras. Actualmente, la ley determina que podrán constituirse cuando sólo queden en los consistorios los dos tercios de los concejales elegidos. Otra reforma acordada es sobre los registros públicos (de la propiedad, mercantil...), de manera que se salvaguarde la confidencialidad de los datos personales de los cargos públicos, así como de sus bienes y patrimonio, para que estas informaciones no puedan ser utilizadas con fines delictivos por los violentos.
También existe acuerdo en torno a la modificación de la Ley Electoral Vasca, para que se permita que los apoderados e interventores en los comicios puedan estar censados en otras comunidades autónomas distintas a la vasca. Otro de los avances se refiere a las reformas para facilitar a los cargos públicos que puedan ejercer su derecho a voto sin estar físicamente en los plenos municipales, por ejemplo a través del voto ponderado, aunque el PP no comparte este punto en su totalidad. Continúan las discrepancias entre los partidos en otros asuntos, como la propuesta de PSE y PP de inelegibilidad de las personas encausadas por hechos terroristas o de violencia callejera, que en opinión de los nacionalistas sería inconstitucional.
También han existido diferencias de cara a una posible modificación del Código Penal para tipificar de manera concreta las amenazas y las coacciones a los concejales. Desde los participantes, el representante del PP Carlos Urquijo, reconoció que se han llegado a acuerdos «importantes», aunque con «algunas discrepancias de cierta entidad», que «no serán un obstáculo para encabezar un acuerdo definitivo».