El Gobierno tiene previsto endurecer las condiciones para cobrar las prestaciones por desempleo, con el objetivo de aumentar la empleabilidad de los parados. No obstante, se prevé mantener la neutralidad presupuestaria, por lo que no variará el gasto. La reforma estará preparada antes del verano y entrará en vigor el próximo año. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, mantuvo ayer encuentros por separado con delegaciones de CEOE, CC OO y UGT para explicarles las líneas generales de la reforma. Los desempleados no verán reducir las cantidades a cobrar ni los periodos establecidos para recibir la prestación por desempleo. Lo que variará serán los requisitos necesarios para mantener dicha prestación, por lo que un parado no podrá rechazar un empleo si es considerado adecuado por los técnicos del Inem.
Esto irá unido a las medidas que el Gobierno estudia incluir en la reforma del IRPF, como la deducibilidad por los gastos del trabajo originados por el traslado de residencia por motivos laborales que no hayan sido compensados por el empresario, y mayor apoyo fiscal a las viviendas en alquiler. En el caso de que las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno produjeran una disminución del gasto por desempleo, esa cantidad se reinvertiría en extender el subsidio a los colectivos más desfavorecidos, como parados mayores de 52 años, mujeres maltratadas, o discapacitados. El Gobierno también pretende introducir cambios en el subsidio agrario, de tal manera que los temporales accedan al subsidio en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
Igualmente, los beneficiarios del desempleo no podrán acceder, como en la actualidad, a cobrar de una vez todo el seguro de desempleo para crear una empresa. A partir de la reforma, sólo se podrá deducir cotizaciones y ampliarlo al pago de impuestos en el caso de crear la empresa. Respecto a los cursos de formación profesional, el parado perderá el derecho al cobro de la prestación si no acepta uno de estos cursos.