El expediente abierto por el Banco de España contra el BBVA el 15 de marzo, podría acabar con multas al propio banco y a los 16 ex directivos implicados y con la inhabilitación de estos, entre los que están el ex vicepresidente Emilio Ybarra y el anterior consejero delegado Pedro Luis Uriarte, que abandonaron prematuramente la entidad el pasado diciembre. Además de a esta investigación, el BBVA deberá enfrentarse a la de Hacienda, pues el secretario de Estado, Estanislao Rodríguez-Ponga, anunció que comprobará si se pagaron correctamente los impuestos correspondientes a los fondos depositados en las cuentas secretas que el antiguo BBV tuvo durante 13 años.
El BBVA regularizó a finales de 2000 varios entramados financieros secretos que tenía en el extranjero, dos de ellos radicados en los paraísos fiscales de Liechtenstein y Jersey, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el caso desde mayo de ese año. Según fuentes cercanas a esta investigación, las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción desencadenaron el cierre de estos entramados secretos, entre los que se encontraban cuentas bancarias, sociedades y una fundación.
El BBVA cerró estos entramados, recuperó los fondos "que ascendían a unos 225 millones de euros" y los incluyó en su mayor parte como resultados extraordinarios en sus cuentas del 2000, al tiempo que informó al Banco de España de su existencia, lo que provocó la apertura de una investigación administrativa. Desde el banco se asegura que el presidente Francisco González decidió regularizar las cuentas cuando conoció en el 2000 su existencia, después de ser informado por el ex presidente Emilio de Ybarra. La actuación de la Fiscalía Anticorrupción, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, no sólo se refiere a los fondos opacos del BBVA en paraísos fiscales, sino también a actuaciones irregulares en Latinoamérica como blanqueo de dinero, sobornos a políticos y financiación irregular de partidos.
Mientras la investigación de la Fiscalía sigue en marcha, el Banco de España concluía el pasado 15 de marzo la suya y acordaba incoar un expediente sancionador contra el BBVA y contra 16 altos cargos del grupo, entre los que se encuentran los ex presidentes Emilio de Ybarra y José Angel Sánchez Asiaín y el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte. Según la normativa, si de esta investigación se dilucida una infracción muy grave, estos responsables pueden recibir una sanción de hasta 60.000 euros y ser suspendidos en el ejercicio del cargo durante un máximo de tres años, al tiempo que se les puede inhabilitar hasta diez años para ejercer cargos de administración.
Los expedientados son, además de Ybarra, Asiaín y Uriarte, José Javier Gúrpide, Gervasio Collar, José Domingo Ampuero, José Manuel de Zubiría, Vicente Eulate, Eduardo Aguirre y Juan Urrutia, todos ellos miembros de los Comisión Delegada Permanente del BBV desde marzo de 1997. E PSOE pidió ayer que el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, comparezca en el Congreso para informar de las investigaciones abiertas. BVA afirmó por su parte ayer que ha obrado «con total corrección» al actuar «con prontitud» y colaborar con el Banco de España, al tiempo que enmarcó los cambios en su cúpula en las actuaciones realizadas para regularizar la situación
La entidad pierde un 1'75%, la segunda mayor caída del
mercado
Los títulos de BBVA retrocedieron ayer un
1'75%, con lo que registró la segunda mayor caída del Ibex 35, tras
conocerse que la agencia de calificación financiera Standard &
Poor's ha rebajado de estable a negativa la perspectiva
correspondiente a los ratings asignados al banco «ante el potencial
impacto sobre el perfil de riesgo de la entidad de la frágil
situación financiera argentina». Ayer, BBVA movió títulos por valor
de 188'8 millones de euros y el próximo lunes iniciará la
negociación en 13'46 euros. El precio máximo al que se cruzaron
acciones de la entidad fue de 13'70 euros, en tanto que el cambio
mínimo quedó fijado en 13'38 euros. Standard & Poor's confirma
la calificación 'AA-' para la deuda a largo plazo y el rating 'A-1'
para el endeudamiento a corto plazo.