El Partido Popular y el PSOE defendieron ayer el anteproyecto de la nueva ley de partidos políticos remitido por el Gobierno al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, frente a las críticas de IU, PNV y EA, que consideraron contraproducente una posible ilegalización de Batasuna. El ministro de Justicia, Angel Acebes, presentó al Consejo de Ministros el contenido de este anteproyecto y, en la conferencia de prensa posterior, afirmó que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Gobierno asumirá la responsabilidad que le otorga para iniciar el procedimiento de ilegalización del partido que la vulnere.
El secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró al respecto que con la modificación de la Ley de Partidos se va a poder acabar con la «ficción» que supone «que partidos no democráticos puedan llamarse democráticos» cuando son organizaciones «al servicio de los violentos y del terrorismo».
En nombre del PSOE, el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, defendió la nueva norma porque, «cuando un partido no es un instrumento al servicio de la democracia sino un enemigo declarado, el Estado de Derecho tiene derecho a reaccionar».
Frente al respaldo del PSOE a este proyecto, el coordinador general del IU, Gaspar Llamazares, consideró «inútil y contraproducente» situar a una organización política en la clandestinidad y juzgó grave que el PP y el PSOE hayan pactado unilateralmente una cuestión que afecta a un pilar de la democracia como es la organización de los partidos políticos.
En el País Vasco, el líder del PNV, Xabier Arzalluz, argumentó que se puede perseguir legalmente la colaboración con los terroristas, pero no se puede ilegalizar a un partido por no condenar la violencia, una iniciativa que él también calificó de «contraproducente», y añadió: «supongo que llegaremos a los estados de excepción».