Ocho partidos de la oposición presentaron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en la sede del Tribunal Constitucional, por considerar que la norma vulnera la autonomía universitaria e invade competencias autonómicas. En declaraciones a la prensa tras presentar el recurso, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, recordó que los estudiantes se han manifestado contra esta Ley, que los padres y los profesores no la apoyan y que los rectores pidieron un dictamen que «acredita» su inconstitucionalidad, por lo que los partidos de la oposición "dijo" presentan este recurso «en nombre de los ciudadanos».
Además del PSOE, en la iniciativa participan IU y las formaciones del Grupo Mixto BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Cataluña-Els Verds, la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Andalucista y Eusko Alkartasuna.
Esta iniciativa ha recogido los aspectos de inconstitucionalidad señalados en el dictamen encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), así como el informe del Consejo Consultivo de Cataluña y otras comunidades socialistas. El recurso se fundamenta en que varios preceptos de la norma atentan contra la autonomía universitaria, invaden las competencias de las Comunidades Autónomas, y porque establece un régimen especial para las Universidades creadas por la Iglesia católica, que supone una «desigualdad injustificada y arbitraria respecto del resto de las privadas».
Además, hay determinados aspectos que la reforma deja en manos del desarrollo reglamentario, y que según las formaciones políticas que recurren deberían hacerse mediante Ley Orgánica, en concreto lo que se refiere a la autonomía universitaria y otros derechos fundamentales derivados de ella. En el recurso, se entiende que la LOU vulnera la autonomía de las universidades-contemplada en el artículo 27.10 de la Constitución en el establecimiento del Consejo de Gobierno de las Universidades (órgano gestor en el que hay tres miembros del Consejo Social ajenos a la vida académica).
Entre otros artículos que los grupos recurrentes consideran inconstitucionales son los referidos al Gerente de la Universidad, a la progresión y permanencia de los estudiantes en las universidades; y a la contratación de profesores y doctores. Sobre la distribución competencial, este recurso llama la atención en que la LOU es inconstitucional en el establecimiento de los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de las universidades o la regulación de los departamentos o el procedimiento para la admisión de estudiantes.
El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, acusó al Gobierno de pretender, con la LOU y con la Ley de Calidad de la Enseñanza, limitar el acceso de los jóvenes a la Universidad, favorecer la enseñanza privada y «utilizar la injerencia política para dominar la Universidad, afectando a su autonomía». El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, advirtió que el trámite de la LOU «no ha terminado», y dijo que frente a la pretensión del Ejecutivo de imponer una universidad «elitista y privatizada» los estudiantes, la comunidad universitaria y los grupos políticos que han promovido el recurso van a conseguir derribar el texto y que los tribunales repongan «lo vulnerado».