Los Ministerios de Trabajo y Economía están ultimando una serie de medidas encaminadas a ampliar las posibilidades de búsqueda de empleo por parte de las personas que se encuentran paradas, según avanzó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien apuntó que espera poder hacer anuncios concretos en esta dirección a lo largo de las próximas semanas, una vez mantenidas conversaciones con los interlocutores sociales. Todo ello se traduce en que el Ejecutivo ofrecerá incentivos económicos especiales y pisos de alquiler de protección oficial para facilitar su desplazamiento, además de subvencionar los empleos poco atractivos.
Estas medidas serán una de las primeras consecuencias del acuerdo en la cumbre de Barcelona para impulsar una nueva reforma del mercado laboral. En este sentido, el Gobierno prepara cuatro medidas de lo que denomina 'modernización del sistema de protección al empleo' para fomentar que los parados acepten ofertas de trabajo cuanto antes, entre ellas incentivar a los parados para que acepten ofertas de trabajo fuera de sus residencia habitual. El objetivo de la reforma es aumentar la relación entre la aceptación de ofertas de empleo y el mantenimiento de la prestación, para que haya una cierta responsabilidad si se rechaza el trabajo.
Actualmente la ley establece la obligatoriedad de aceptar el trabajo si se está en paro. Sin embargo, aún no se ha perfilado la «adecuación» de las ofertas. Se trataría de hacer una definición más exacta de la adecuación de las ofertas de empleo. Para apoyar esta reforma, el Ejecutivo tiene previsto incentivar la movilidad geográfica, haciendo que el empleo sea rentable para el trabajador. Es decir, que toda persona que tenga que abandonar el desempleo tenga un atractivo desde el punto de vista del salario que va a recibir, a cambio de la prestación que pierde.
Ante esta situación, los sindicatos ha mostrado su preocupación por conocer cómo afectará a las prestaciones de desempleo. La secretaria confederal de Empleo de CC OO, Lola Liceras, aseguró ayer que los principales «obstáculos» para favorecer la movilidad geográfica de los trabajadores residen en la falta de transparencia e información del mercado laboral, las condiciones de acceso a una vivienda y la temporalidad y rotación del empleo. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Antonio Ferrer, reclamó ayer al Gobierno una «propuesta conjunta» que especifique en qué consiste la reforma del sistema de prestaciones por desempleo. Ferrer dijo que la propuesta conjunta debe proceder de todos los departamentos del Ejecutivo.