La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia será finalmente una proposición no de ley que estará firmada por todos los grupos parlamentarios de cara a su tramitación en el Congreso y en el Senado. Para que se cumplan los 41 derechos que recoge este documento, uno de los acuerdos que contenía el pacto para la reforma de la Justicia firmado el pasado año por PP y PSOE, tanto el Ministerio de Justicia como el Parlamento realizarán un seguimiento del mismo. El ministro de Justicia, Angel Acebes, presentó ayer el documento, que contribuirá, a su juicio, a hacer la Justicia «más ágil, eficaz y moderna para el ciudadano».
El texto, explicó, recoge aportaciones de colegios de abogados y procuradores, sindicatos y asociaciones profesionales, con lo que se ha logrado «el compromiso de quienes tienen algo que ver con la Administración de Justicia». Para velar por el cumplimiento de los derechos que se establecen en la Carta, se realizará un plan de seguimiento del funcionamiento de los tribunales. Todos los portavoces parlamentarios, que estuvieron en la rueda de prensa, destacaron que el Congreso, a través de la comisión de Justicia e Interior, también realizará un seguimiento de la Carta.
El texto con los 41 derechos está dividido en tres bloques. En el primero de ellos, 'Una Justicia moderna y abierta', contempla el derecho de los ciudadanos a recibir información actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Esto incluye la creación de oficinas de atención en todo el territorio español. Este primer punto también incluye la información sobre el estado de los asuntos tramitados y pendientes, el derecho a que las sentencias se redacten en un lenguaje comprensible para sus destinatarios o el de poder expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales. También se podrá exigir responsabilidades por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la Administración, incluso indemnizaciones por daños causados en bienes o derechos.
El segundo apartado, 'Una Justicia que proteja a los más débiles', recoge que un ciudadano que haya sido víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia ante un juzgado se produzca preservando su intimidad. Además, podrá ser informado sobre las posibilidades de obtener reparación por el daño causado. Los menores que tengan «suficiente juicio» tendrán derecho a ser escuchados en un proceso en el que estén directamente implicados, aunque se procurará evitar que los menores comparezcan de forma reiterada ante los órganos de Justicia.