El nuevo IPC aplicado por el Instituto Nacional de Estadística permitirá al Estado ahorrarse 480 millones de euros (unos 80.000 millones de pesetas) en pago de pensiones y a las empresas otros 300 millones de euros en salarios. Según las estimaciones de los servicios de las principales entidades financieras españolas, el IPC sin rebajas «habría subido cinco décimas por encima» del dato aportado el vierne por el INE, que reflejó un descenso de los precios del 0'1% en enero.
Los cálculos de la Seguridad Social señalan que cada décima de alza en el IPC supone un coste de 96 millones de euros (16.000 millones de pesetas) a las arcas públicas. De este modo de haberse aplicado el mismo IPC, La Seguridad Social habría tenido que aportar, en función de las cinco décimas adicionales calculadas por los analistas, otros 480 millones de euros al pago de pensiones. En el caso de las empresas, la subida de gran parte de los salarios se liga a la evolución del IPC. En este sentido, la patronal CEOE firmó el pasado 20 de diciembre un acuerdo con UGT y CC OO en el que instaba a sus asociados a garantizar todo el poder adquisitivo de los trabajadores con cláusulas de revisión salarial.
Según las estimaciones de Fernando Moreno, director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, cada décima de IPC le cuesta a las empresas 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) en salarios. Mientras, los datos de la inflación hechos públicos el viernes por el Gobierno siguen suscitando todo tipo de reacciones y críticas. El secretario de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, reconoció ayer que «es verdad que los precios han subido ligeramente en enero», aunque lo ha hecho menos que en otros países de la UE y por debajo de la media comunitaria, que marcó un ascenso del 0'6%.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró por su parte que el nuevo cálculo del IPC era «una necesidad ineludible» para que España contara con una fórmula de medición de la evolución de precios más certera. «Era una responsabilidad del INE contar con un sistema de medición similar al de otros países europeos para no perder la calidad de la información», dijo. El sindicato UGT acusó directamente el Ejecutivo que preside Aznar de ser «uno de los agentes inflacionistas» y optar por castigar a los consumidores en vez de defenderlos. Para IU los datos también son «increíbles» y asegura que la intención del Gobierno es maquillar el verdadero IPC ante la sociedad.