Los partidos alcanzaron ayer, tras seis horas de reunión, acuerdos para incrementar la seguridad de los ediles vascos, como la creación de una comisión y la presentación de mociones en los ayuntamientos en favor de la pluralidad, aunque el PP lamentó que no se pactara aislar a Batasuna. El encuentro reunió en Vitoria a representantes de los partidos, excepto Batasuna, las instituciones vascas y el Ministerio del Interior para estudiar las medidas en torno a la seguridad de los ediles vascos. Esta comisión de seguridad estará integrada por representantes del Ministerio y del Departamento vasco de Interior y de los partidos, para analizar la seguridad de los ediles. Asimismo se comprometieron a estudiar la posibilidad de acometer reformas legales para facilitar el trabajo de los concejales.
Entre estas reformas, según explicó Ibarretxe, se encuentran las que garanticen la confidencialidad de los bienes de los cargos municipales, posibilitar la participación en la vida municipal de los concejales amenazados a través de las nuevas tecnologías, sin estar presentes en las sesiones, así como la modificación de la Ley Electoral «que nos permita asegurar durante toda la legislatura municipal la representación obtenida por cada partido». A este respecto, el socialista Ramón Jáuregui, que calificó la reunión como «un pequeño gran paso para el cambio de rumbo», especificó que había un compromiso para estudiar la constitución de gestoras en aquellos municipios en los que las amenazas impidan la presencia de alguno de los partidos.
Otro de los acuerdos adoptados es el referente a la presentación en todos los ayuntamientos de iniciativas destinadas a abrir un «debate social dirigido a garantizar la pluralidad», según el lehendakari. Aunque el lehendakari no se extendió en la explicación de este asunto, Jáuregui añadió que la idea es que estas iniciativas sirvan de «reto a Batasuna». Según Jáuregui, serían mociones «democráticas conjuntas en defensa de la democracia y el pluralismo, con una condena de la violencia» y un rechazo de Batasuna de las mismas conllevaría una serie de «consecuencias», como la elaboración de un acuerdo institucional que comprometiera a todos los partidos democráticos a no gobernar con Batasuna ni a hacer oposición con sus votos.
En este punto el PP planteó que se presentaran mociones censura contra los alcaldes de Batasuna, propuesta que sólo contó con el apoyo del PSE. Los partidos y las instituciones también acordaron propiciar que la sociedad «arrope a las personas amenazadas y que sufren una violencia absolutamente intolerable», mediante unas mesas de partidos en los municipios. El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, reconoció estos «avances», aunque los calificó de «segundo término» y lamentó que no haya habido un acuerdo para aislar política y socialmente a Batasuna. Según explicó Iturgaiz, el PP planteó apoyar las medidas acordadas en el Pacto Antiterrorista, a lo cual, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, contestó que no está por ilegalizar Batasuna porque eso sería dar más fuerza a Batasuna.