El Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO criticaron ayer el acuerdo adoptado ayer en el Parlamento Vasco por el cual se garantiza que los miembros de esta Cámara, después de haber ejercido cuatro años, pueden percibir la pensión máxima en el momento de su jubilación. Por su parte, PNV y PP aseguraron que esta medida no tendrá carácter general y que sólo se aplicará en los casos de «necesidad» de personas concretas. El jueves, PNV, PP y PSE-EE aprobaron una modificación del Reglamento del Parlamento, que posibilita que quien haya sido cuatro años parlamentario vasco, distribuidos en dos legislaturas, cobren la pensión de jubilación máxima, 1.953 euros mensuales (325.000 pesetas), mediante un complemento del propio Parlamento a la pensión que le corresponde por la Seguridad Social.
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, expresó su «perplejidad» por el acuerdo, aunque aclaró que «no me parece que sea una cuestión de posible inconstitucionalidad o no», sino que su valoración se debe hacer «más en términos políticos que de constitucionalidad». El secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, explicó que decisión de complementar las pensiones de los parlamentarios vascos «no afecta al sistema», ya que aunque la Cámara decida complementar de forma privada esas pensiones, la Seguridad Social «pagará a los parlamentarios la pensión a la que tengan derecho por las cotizaciones en su vida laboral como parlamentario u otra actividad».
CC OO calificó de «poco ético e insolidario» el acuerdo y añadió que «no resulta lógico que los representantes de los ciudadanos y trabajadores vascos establezcan condiciones tan beneficiosas que no redundan en el conjunto de la sociedad». UGT también consideró «injusto, egoísta, corporativo, inoportuno y degradante» el acuerdo. IU, EA y Batasuna consideraron la medida un «agravio comparativo» con el resto de la sociedad y un «escándalo», mientras que PP y PNV defendieron su utilidad para «corregir situaciones de necesidad» como las de aquellos parlamentarios «que han visto truncada y mermada su vida laboral» una vez abandonada la Cámara.
En el caso del PP, Leopoldo Barreda negó rotundamente que sea una medida de aplicación «generalizada» para todos los parlamentarios e insistió en que «estará restringido a estados de necesidad». Joseba Egibar (PNV) manifestó que «si analizamos la vida laboral de quienes hoy son jubilados y han accedido a la condición parlamentaria y no han tenido posibilidad de retorno a su empresa, podremos valorar si la medida que se adopta es de justicia o no». IU-EB rechazó las explicaciones de PNV y PP y aseguró que lo que realmente se está haciendo es «blindar» a una clase política.
Hacienda convoca una reunión sobre el Concierto vasco el
próximo día 20
El Ministerio de Hacienda ha convocado al Gobierno vasco y a las
tres Diputaciones a una nueva reunión sobre la renovación del
Concierto Económico Vasco el próximo día 20 en Madrid. En una carta
enviada por el secretario general de Política Fiscal Territorial,
Antonio Beteta, al viceconsejero vasco de Hacienda, Juan Miguel
Bilbao, se señala que la reunión se convoca «a fin de preparar la
próxima reunión de la Comisión Mixta de Cupo que apruebe el nuevo
Concierto en los términos alcanzados el 27 de diciembre». A la
reunión del próximo día 20 no están convocados ni el Ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ni la vicelehenkadari, Idoia
Zenarruzabeitia. Tras la recepción de la misiva, el Ejecutivo vasco
eludió hacer valoraciones.