Plante de Àlava a la amenaza del lehendakari Ibarretxe, de no pagar el cupo íntegro. La Diputación alavesa aprobó ayer el pago de su parte del cupo provisional de 2002, fijado en 1.045 millones de euros, unos 174.000 millones de pesetas, sin la rebaja que anunció el Gobierno vasco como represalia por la falta de acuerdo para renovar el Concierto Económico vasco. El Gobierno de Ajuria Enea advirtió a Madrid que negociar unilateralmente con la Diputación de Àlava, la única gobernada por el PP, sería inconstitucional.
La decisión de las Juntas Generales de Àlava, que ratifica el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, supone el pago del 16'95% de los 1.045 millones de euros, el coeficiente vertical asignado para Àlava. La Diputación foral prescinde así del cálculo de Ibarretxe, que sólo pretende abonar 907 millones de euros en concepto de cupo. «Es la cifra acordada, que consta en los Presupuestos del Estado y que ha sido la base para que el Gobierno vasco haga sus presupuestos, dijo el diputado de Hacienda, José Antonio Zárate.
Pese al plante de Àlava, desde Ajuria Enea se insiste en el impago de parte del cupo. Según explicó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, sus cálculos son la aplicación de la Ley que está en vigor, que no es la prórroga del Concierto Económico, sino la del cupo, aunque también se mostró dispuesto a negociar sobre este extremo. El secretario general del PSE en la provincia, Javier Rojo, se mostró totalmente de acuerdo con la postura de la Diputación alavesa. Y es que Àlava sigue siendo ahora el centro de la polémica. Al anuncio de que pagará íntegra su parte del cupo se suma la posibilidad, todavía abierta, de que el Gobierno central negocie directamente con las Diputaciones. Imaz advirtió que esta posibilidad sería anticonstitucional porque es un planteamiento «disgregador y políticamente irresponsable y peligroso».
Pese a que desde Madrid no se ha rechazado esta posibilidad, lo cierto es que hay unanimidad entre el resto de las partes: no es aceptable negociar con las diputaciones al margen del Gobierno vasco. Incluso la Diputación alavesa, en palabras de Carlos Samaniego, califica este extremo de «política ficción», y forma parte de un debate «más mediático que real». Eso sí, precisó que Àlava «no está dispuesta a hacer el caldo gordo a Arzalluz cuando habla de provincias traidoras». Además, en el caso de que el Gobierno decidiese 'puentear' al Ejecutivo vasco, sólo podría llegar a un acuerdo con la Diputación alavesa, puesto que las otras dos están gobernadas por los nacionalistas.
En cualquier caso, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, reclamó ayer una respuesta al Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la última propuesta vasca sobre el Concierto en la que se retiró el asunto de la participación europea y mostró su deseo de que el Ejecutivo de Aznar no recurra a «triquiñuelas e ilegalidades para hacer a los vascos pagar más de lo que les corresponde».