Después de que la noche del jueves las delegaciones de las administraciones central y vascas dieran por suspendidas las negociaciones a cuatro días de que concluya la vigencia de la ley del actual Concierto, por lo que ha sido prorrogado, ayer se reiteraron las acusaciones mutuas sobre la culpabilidad del desencuentro. A las acusaciones de «inmovilismo» y de falta de voluntad de llegar a un acuerdo formuladas por el Gobierno Vasco y los partidos que lo sustentan, así como de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, ambas gobernadas por el PNV, se unieron las del Gobierno español y la Diputación de Àlava, gobernada por el PP, en las que se achacaba el desencuentro a posiciones «soberanistas» del Ejecutivo de Vitoria.
Incluso el propio diputado general de Àlava, Ramón Rabanera, y dirigentes «populares» reconocieron ayer que no descartan que el Gobierno español emprenda una negociación directa con las tres diputaciones para aprobar otros tantos conciertos, en lugar de uno único como hasta ahora. El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, acusó al Ejecutivo vasco de poner por delante del desarrollo del País Vasco presupuestos de «tinte soberanista y de política exterior». Indicó que la presencia de las instituciones vascas en la UE «no es negociable» y subrayó que la representación exterior del Estado «es patrimonio exclusivo del Gobierno de la nación», por lo que este asunto «nada tiene que ver con el Concierto».
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que no se reanudarán las negociaciones hasta que el Gobierno de Vitoria no reformule su propuesta. La vicelehendakari emplazó a Montoro a seguir negociando hasta el 31 de diciembre para llegar al acuerdo que, dijo, ha venido persiguiendo desde el principio, «modulando las posiciones». «Nosotros lo hemos hecho porque estamos por el acuerdo y, mi impresión personal es que no ha existido la misma modulación ni la misma voluntad por la otra parte, pero todavía hay tiempo si esa voluntad existe», incidió.
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa coincidieron en culpar a una falta de voluntad de acuerdo de la Administración del Estado la actual situación, y la institución vizcaína le hizo un llamamiento para que «asuma su responsabilidad de Estado y se avenga a consensuar un nuevo Concierto». La portavoz de la Diputación guipuzcoana, Koruko Aizarna, se refirió a la posibilidad de que se proponga la negociación unilateral con las diputaciones y señaló que ésta «ni piensa en ello, porque es la delegación vasca la que tiene que negociar».
Sobre esta hipótesis el diputado general de Àlava, Ramón Rabanera, avanzó que la Diputación alavesa se planteará negociar directamente con el Gobierno central «cuando los afanes soberanistas del Gobierno vasco hagan imposible un acuerdo». Precisamente el portavoz del PNV, Joseba Egibar, culpó del fracaso de las negociaciones para renovar el Concierto Económico a «la estrategia del Gobierno español de ruptura unilateral», y añadió que la prórroga es «ficticia». IU instó a Aznar a poner todos los medios a su alcance para lograr un acuerdo, mientras el PSOE rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de querer buscar una «solución exclusiva y excluyente» para participar en los órganos de la UE.