Los partidos firmantes del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, PP y PSOE, valoraron ayer los resultados del acuerdo que ayer cumplió un año y ratificaron su vigencia, mientas que IU se mostró crítica con sus efectos y los nacionalistas vascos creen que ha fracasado y auguraron su disolución. El Pacto entre los dos principales partidos, al que luego se adhirieron otras organizaciones, se alcanzó el 8 de diciembre de 2000. En el primer aniversario del acuerdo, el secretario general del PP, Javier Arenas, subrayó que éste ha sido útil para la sociedad española y en particular para la vasca y consideró que «sigue siendo necesario».
El secretario general del PP reiteró que fue «un grave error del PNV y de otros partidos» no sumarse al acuerdo y opinó que «todavía el PNV y CIU estarían muy acertados si consideraran la posibilidad de sumarse al pacto». Desde el PSOE el diputado y miembro de la Comisión de seguimiento del Pacto, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el acuerdo ha servido para cumplir dos objetivos fundamentales: «sacar» la lucha antiterrorista del debate político y reforzar la unidad contra ETA. Tras indicar que el pacto «ha funcionado muy bien», valoró la puesta en marcha, a través del mismo, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y se mostró convencido de que «estamos más cerca» de alcanzar otro de sus objetivos: que ETA pierda cualquier esperanza de alcanzar ninguno de sus fines».
Más crítica es la visión de IU, quien a través de su coordinador general, Gaspar Llamazares, señaló que el Pacto ha aumentado la división y confrontación entre las fuerzas políticas democráticas en materia antiterrorista y pidió a PP y PSOE una reflexión para retomar un modelo más plural. Para Llamazares el acuerdo arroja un saldo «muy negativo» y «muy pobre» desde el punto de vista democrático ya que es «excluyente». Desde los partidos nacionalistas vascos se rechazó una vez más el acuerdo. El presidente del PNV de Guipúzcoa, Juan María Juaristi, aseguró que el Pacto «está condenado a un fracaso estrepitoso y a disolverse, pues la falta de resultados concretos le va a conducir inexorablemente a ello». El secretario general de EA, Gorka Knorr, pidió «enterrar cuanto antes» el acuerdo ya que su objetivo fue «electoralista y antinacionalista».
Mientras tanto, la noche del sábado volvió a estar protagonizada en el País Vasco y Navarra por actos de violencia callejera. En la localidad guipuzcoana de Urnieta un artefacto colocado junto a la sede del PNV no llegó a explotar, pero sí ardió la gasolina, lo que provocó leves daños en la entrada del local y en la puerta. En Navarra, cuatro artefactos hicieron explosión la madrugada del sábado en tres cajeros automáticos y en una oficina de la empresa Mapfre de la localidad navarra de Cizur Mayor, sin que se registraran daños personales, aunque sí materiales.
La presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil, condenó ayer estos actos de violencia y lanzó un serio mensaje al PNV. «Que tenga en cuenta que hoy le han atacado quienes tienen pactos implícitos y explícitos con él en numerosos ayuntamientos vascos», dijo. También el presidente del PNV de Guipúzcoa, Juan Mari Juaristi, condenó el ataque contra el «batzoki» y advirtió de que su formación «no va a ceder y claudicar ante este chantaje más que evidente que la izquierda abertzale».