La Comisión Europea ha decidido personarse como perjudicada en el caso de la subvenciones al cultivo del lino, para tratar de recuperar más de 20.000 millones de pesetas que fueron defraudados. El juez Baltasar Garzón, que instruye el caso en la Audiencia Nacional, ya ha dictado una providencia en la que admite a la Comisión Europea como parte del proceso.
Se da la circunstancia de que los hechos se produjeron durante la etapa en que ocupó el Ministerio de Agricultura Loyola de Palacio, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. En Bruselas ha causado extrañeza que la Comisión, que ya ha ejercido en otras ocasiones acciones en la vía administrativa, se persone ahora en un proceso judicial abierto en España y en el que se va a encontrar como una de las partes a la vicepresidenta de la Comisión.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, explicó que las compensaciones financieras que exija la UE «se repercutirán en las CCAA responsables por no haber controlado la producción en su territorio».