La Comisión de Economía del Senado aprobó ayer una enmienda a la ley de acompañamiento para evitar que reciban subvenciones electorales organizaciones políticas cuyos candidatos o dirigentes hubieran sido condenados por delitos terroristas y no hubieran rechazado después el terrorismo. La modificación, propuesta por el PP y pactada con el PSOE, pretende garantizar que sólo puedan acogerse al régimen de subvenciones electorales aquellos partidos que no participen en la violencia.
El grupo socialista incluyó una precisión que establece que la enmienda entrará en vigor sin perjuicio de la consecuente adaptación a estas previsiones de las leyes orgánicas de Régimen Electoral General, de Financiación de los Partidos Políticos y del Poder Judicial. El portavoz del PSOE en la Comisión, Segundo Bru, explicó que el objetivo de su grupo con este matiz es ofrecer el sustento legal necesario a «la decidida voluntad política del Gobierno, el PP y el PSOE, compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos», de evitar que el entorno de los terroristas pueda beneficiarse de subvenciones estatales.
Además, la Comisión aprobó otra enmienda, propuesta por el grupo socialista y Entesa Catalana de Progrés, que cambia la normativa de indemnizaciones a las víctimas de terrorismo para que se pague el cien por cien de los daños causados por atentados a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.