La propuesta realizada por el Partido Popular de subir los impuestos de la gasolina para mejorar la financiación sanitaria en España se ha encontrado con la oposición en bloque de partidos políticos, empresarios y sindicatos. El PSOE dice que la medida vulnera el Pacto de Toledo y el principio de solidaridad, los sindicatos la califican de injustificable, y los empresarios de gasolineras afirman que el nuevo impuesto «pagará favores atrasados». El Ejecutivo matizó ayer que serán las propias CCAA quienes decidan si aplican o no el impuesto sobre la gasolina.
La proposición del Gobierno es considerada por el partido socialista como «inadmisible» ya que no sólo vulnera el Pacto de Toledo, sino que quiebra el principio de solidaridad consagrado en la Constitución, «que establece que servicios públicos como la sanidad deben financiarse a través de los recursos que el Estado recauda dentro de los impuestos». La secretaria de Consumidores y Usuarios de la Ejecutiva Federal del PSOE, Isabel Pozuelo, denunció además que esta medida supondría también una vulneración del pacto del Toledo, «que consagró que la financiación sanitaria, como servicio público, se realizara a través de la recaudación de los impuestos, de la caja nacional, como garantía de solidaridad interterritorial».
Según la dirigente socialista la creación de un impuesto de carácter finalista para su financiación pone de manifiesto la fragilidad y debilidad del sistema sanitario que estaría pendiente de las oscilaciones que tuviera la recaudación de este impuesto. En su opinión, esta propuesta evidencia que «el nuevo sistema de financiación sanitaria para el próximo quinquenio es insuficiente y no tiene los fondos necesarios para garantizar los servicios públicos del Servicio Nacional de Salud».
Los sindicatos tampoco ven claro lo del nuevo impuesto. Para CCOO la medida es profundamente «errónea y absolutamente injustificable». El secretario de Comunicación de CCOO, Rodolfo Benito, criticó que se plantee un incremento de los impuestos que gravan el consumo con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado y señaló que es «muy peligroso» que cada vez pesen más en la estructura impositiva los impuestos indirectos frente a los directos. En su opinión la postura del Gobierno es «demagógica» y «dógmática» al plantear un incremento del impuesto sobre hidrocarburos tras haber llevado a acabo una reforma sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «que ha supuesto una merma de 800.000 millones de pesetas en los ingresos del Estado».
Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez el nuevo impuesto sobre hidrocarburos responde a un modelo fiscal regresivo que entraña riesgos de un aumento de la inflación. En su opinión, esta propuesta se inscribe en un diseño fiscal del Gobierno «por el que se rebajan los impuestos directos, que son los progresivos, y se aumentan los indirectos y más en este caso que es sobre el consumo con carácter lineal». Añadió que el Gobierno propone esta medida en una coyuntura favorable porque el precio del barril el petróleo está bajando «y por tanto se va a notar menos el impacto agregado». Ante esta avalancha de críticas el Gobierno hoy ha matizado sus declaraciones y ha afirmado por boca de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que serán las propias comunidades autónomas quienes decidan si aplican o no el impuesto.