Después del acuerdo alcanzado por los gobiernos central y vasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las autoridades judiciales del País Vasco acordaron ayer fijar incentivos económicos para evitar la desbandada de jueces y fiscales que desarrollan su labor en Euskadi, tras el asesinato a manos de ETA del magistrado José María Lidón. Otra de las medidas acordadas es que los jueces sustitutos contarán también con escolta siempre que su labor en la comunidad autónoma tenga cierta continuidad.
El presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, y sus vocales territoriales en el País Vasco, Juan Pablo González y Javier Martínez Lázaro, analizaron la actual situación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, y los de las audiencias provinciales de Guipúzcoa, Victoria Cinto; Alava, Iñigo Madaria; y Vizcaya, Ana Iracheta.
El objetivo que pretende lograr el Poder Judicial es que los 198 jueces que ejercen en el País Vasco no se marchen por miedo a ETA. Para «estimular su permanencia», en palabras de Zorrilla, los presentes en la reunión acordaron mejoras retributivas. La máxima autoridad judicial del País Vasco recordó que los jueces no reciben en la actualidad ningún incentivo o complemento económico por trabajar en Euskadi.
No obstante, Manuel María Zorrilla confió en que estos incentivos se aprueben en próximas fechas. Los incentivos no serán sólo económicos, sino que también se producirán intercambios profesionales, asistencia a cursos y mejora de condiciones de trabajo. Con este objetivo, Hernando se reunirá en los próximos días con el lehendakari Ibarretxe.