El debate en el Parlamento Vasco se efectuó el día en el que el Estatuto cumplía 22 años desde su aprobación en referéndum. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, exigió por una parte el cumplimiento íntegro del Estatuto, reiterando su propuesta de constituir una comisión política negociadora con el Gobierno español para impulsar este cumplimiento y «explorar sus potencialidades», en referencia a la reserva de derechos históricos que figura en la disposición adicional del Estatuto.
Por otra, propuso la creación de una comisión parlamentaria sobre «la profundización del autogobierno». El lehendakari considera que se debe reconocer la «legitimidad de las opciones de cambio y actualización» de los marcos jurídico-políticos, es decir, la posibilidad de cambiar el Estatuto. Para Ibarretxe, el «problema» reside en «asumir que el pueblo vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un pueblo con identidad propia». Por ello, defendió un nuevo «gran pacto de Estado» que dé respuesta a las «demandas de autogobierno y de la capacidad para decidir el futuro que tiene el Pueblo Vasco», y dijo que éste tiene «capacidad para incorporarse, por voluntad propia, al proyecto de un Estado plurinacional».
Desde la oposición, tanto PP como PSE coincidieron en su rechazo a la autodeterminación y destacaron el carácter de pacto del Estatuto. El presidente del grupo parlamentario del PP, Jaime Mayor Oreja, explicó que «nuestra concepción del autogobierno es simplemente el Estatuto», y señaló que la «principal deslealtad» con el Estatuto es «elevar a objetivo de todos los vascos» la defensa «del derecho unilateral de secesión y de autodeterminación». Mayor apuntó que «nuestra obligación histórica como vascos radica en la aceptación de la pertenencia a España, en la permanencia en España, no con carácter provisional o condicionada a la libre determinación los vascos». Oreja reconoció que «los nacionalistas han sido el auténtico motor de la autonomía», por lo que les pidió que ahora «no se transformen en el motor de la destrucción de la autonomía».
Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo, afirmó que «el camino no es la independencia», sino «la España federal en Europa» y aseguró que «la autodeterminación no es un derecho, sino un fetiche nacionalista». Redondo señaló que «la verdadera autodeterminación la hicimos los vascos cuando aprobamos en referéndum la Constitución y el Estatuto». El secretario de los socialistas vascos abogó por culminar el proceso estatutario, y se mostró «dispuesto a explorar todas las potencialidades que el Estatuto encierra», pero advirtió que «tratar de desbordar el Estatuto para caminar subrepticiamente hacia otro marco es atentar contra la memoria histórica del país y sus tradiciones de pacto».
El resto de partidos abogaron por el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Los tres socios del Gobierno Vasco, PNV, EA e IU, coincidieron también en reclamar el completo desarrollo del Estatuto, en explorar la vía de los derechos históricos y en sus críticas al Gobierno central. Por último, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, calificó la propuesta de Ibarretxe como «la versión autonómica del timo de la estampita». En su turno de réplica, Ibarretxe acusó al PP de mantener una posición de «amputación del Estatuto» de autonomía vasco, de «encadenamiento del Estatuto y del proceso autonómico».