El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusó ayer al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de «no estar capacitado» para debatir los presupuestos del Estado para el 2002 y criticó su decisión de delegar esta responsabilidad en el portavoz económico del partido. El titular de Hacienda recordó que los presupuestos del Estado «resumen la política del Gobierno» y que por lo tanto corresponde al líder de la oposición sostener su debate en el Parlamento, dado que, añadió, «se trata de contrastar las opciones que plantea el Gobierno a la sociedad española y ofrecer alternativas a esas propuestas». Montoro puso en duda que el PSOE tenga alternativas a los presupuestos elaborados por el Gobierno y a las opciones planteadas por el Ejecutivo para afrontar la «difícil situación internacional».
La secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, calificó esta afirmación como «osadía política impropia de un ministro bajo sospecha». Fernández de la Vega aseguró que Montoro afronta este debate «con grandes incertidumbres personales y políticas» y en una situación de «gran fragilidad» dentro del Gobierno. «No es extraño, por tanto, que quiera recuperar prestigio, intentando debatir con Zapatero. Pero nos parece un exceso, por su parte, que pida al PSOE que le haga este favor», subrayó. Finalmente, pidió a Montoro que esté tranquilo y que tenga la seguridad de que habrá alternativa del PSOE en el debate de presupuestos, «con mucho más sentido de la realidad de nuestro país que las cuentas increíbles que él ha llevado al Parlamento.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Entre las novedades más destacadas del proyecto legislativo está la rebaja del 62'5 por ciento de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico hasta 360'6 millones de euros, la posibilidad de compensar deudas tributarias entre cónyuges y la mejora de la regulación de la jubilación parcial.
Además, se eleva el IVA del peaje de las autopistas y el impuesto sobre las labores del tabaco y se convierte en organismo autónomo al Tribunal de Defensa de la Competencia. Para dar respuesta a la situación de incertidumbre internacional, el Ejecutivo decidió incluir en la ley de acompañamiento un conjunto de medidas tributarias para apoyar el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo, centradas en mejorar la fiscalidad de las pymes y en incentivar la suscripción de planes de pensiones.