Las declaraciones de Arzalluz se produjeron en Bilbao, donde se preguntó «cuál es la razón que nos puede mover a considerarnos miembros de un Estado que nos excluye sistemáticamente de todo órgano de rango constitucional, y hasta cuándo va a durar la necesidad o la decisión de permanecer también en el Congreso y el Senado». «Es un tema muy serio que nosotros tendremos que pensar y en todo caso decidir, lógicamente no respondo hoy, pero la pregunta es fuerte», afirmó Arzalluz, y agregó que la exclusión del PNV del órgano de Gobierno judicial «es la constatación de una seria crisis». El líder del PNV reconoció que no espera que el PP y el PSOE cambien de posición, sino que se pregunta «qué nos toca hacer a nosotros», y acusó al presidente del Gobierno, José María Aznar, de «estar haciendo una política sistemática contra el nacionalismo» a nivel estatal y europeo.
Tras producirse estas declaraciones de Arzalluz, el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, aseguró que su partido «va a seguir haciendo «parlamentarismo», aunque advirtió de que el acuerdo entre PP y PSOE es «un abuso de poder, una prevaricación y un acto inamistoso» que va a obligar «indudablemente» al PNV a «cuestionarse ciertas cosas», que no detalló. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, acusó también al Ejecutivo central de haber pasado de «una regresión autonómica a una regresión democrática», y aseguró que la exclusión del PNV del CGPJ supone que el «pacto de PP y PSOE» para «marginar a los nacionalistas vascos está más vigente que nunca».
En la misma línea que el PNV, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abrió en Barcelona el debate de política general en el Parlamento de Cataluña advirtiendo al Gobierno de que «no se puede abusar ni de la paciencia ni de la lealtad» de Catalunya porque existe la posibilidad de que se produzca «un serio enfrentamiento» si se imponen desde el Gobierno «decisiones involutivas» en el terreno autonómico. En alusión a la exclusión de CiU del Tribunal Constitucional y a sus relaciones con los gobiernos del PP y antes del PSOE, Pujol afirmó que «la imposición de decisiones involutivas tiene serios riesgos. No se puede abusar ni de la paciencia ni de la lealtad, ni del espíritu constructivo de nadie, tampoco de Catalunya. Porque puede pasar que se produzca una muy fuerte oposición, según cómo casi unánime, que lleve a un serio enfrentamiento».
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, consideró que las declaraciones de Arzalluz van en «muy mala dirección», añadió que sería «enormemente grave» que el PNV cumpla las indicaciones de Arzalluz, y advirtió de que «se quiere llevar a la gente hacia posiciones extremas fuera de la Ley». En Madrid, PP y PSOE reiteraron que el acuerdo para la renovación del CGPJ, del TC y del Tribunal de Cuentas no ha supuesto «una exclusión de los nacionalistas en las instituciones», y recordaron que fue el PNV el que no quiso cambiar a su diputada Margarita Uría por otro candidato para el CGPJ.
El presidente del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró «desproporcionada e injusta» la reacción de Xabier Arzalluz, y afirmó que éste «trata de defender la estrategia del abismo y el desfiladero e intentar que los demás, antes de que se llegue a una situación política límite, desistan de la defensa de sus posiciones». El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, calificó de «exageradas», «fuera de tono» y «sin demasiada credibilidad» las palabras del presidente del PNV, y manifestó que tanto las manifestaciones de Arzalluz por la exclusión de su partido del CGPJ como la reacción de los dirigentes de CiU, tras quedar fuera del Tribunal Constitucional, son «fruto de la rabieta del momento». En contra del acuerdo PP-PSOE se manifestó el líder de IU, Gaspar Llamazares, quien hizo una llamada al diálogo, mientras que Felipe Alcaraz dijo que las amenazas del PNV demuestran que se está gestando una «crisis institucional muy seria».